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Ambas reformas proponen la elevación del Juez de Paz, en un aplicador de la ley que emita sentencia en la categoría de delitos pésimamente denominados “menosgraves” y definidos por la ley por ser aquellos cuya pena máxima es de cinco años. Unos pocos ejemplos de dicha categoría ilustran la problemática: abuso de autoridad,incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución, etcétera.
Buscando así es elevar el número de sentencias a nivel nacional. Cada añoincrementamos el número de fallos judiciales

El futuro de la justicia penal en Guatemala marca la necesidad de una coordinación interinstitucional que permita laplanificación sectorial multianual para que las reformas procesales penales sean efectivamente aplicadas en todo el territorio nacional, para garantizar el principio deigualdad y de tutela judicial efectivos para todas y todos los guatemaltecos.

El artículo 2 de la citada normativa otorga competencia a los Juzgados de Paz Penalde todo el país y el artículo 13 de la misma norma detalla que el procedimiento para delitos menos graves constituye un protocolo especial, que se aplica para eljuzgamiento de delitos sancionados en el Código Penal con pena máxima de cinco años de prisión y que para este procedimiento son competentes los jueces de Paz.
“Laasignación de competencia a los jueces de Paz, con un procedimiento simplificado, y la instauración de jueces de sentencia para conocer casos que no seancalificados de mayor gravedad generará de inmediato condiciones para responder a la demanda de justicia y con ello la posibilidad de aumentar el número de sentencias”.