Caso Algodonero

En noviembre de 2001 fueron encontrados los cadáveres de tres chicas en un predio de Ciudad Juárez conocido como Campo Algodonero. Sus restos dieron indicios de que fueron violadas con extrema crueldad; al otro día otros cinco cadáveres fueron encontrados cerca de ese mismo lugar. Las tres chicas de origen humilde no se conocían entre sí. Hoy se avizora respuesta al clamor de justicia de parte desus familiares, sin embargo esta justicia no proviene de las instituciones de justicia del país, sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Estas chicas se llamaban Claudia Ivette González, de 20 años; Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años, y Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17 años. No son nombres que hayan estado en la palestra de los foros organizados por los gobiernos federal,estatal de Chihuahua y municipal de Ciudad Juárez, en los foros del 17 de febrero pasado. Ahí se habló de la inseguridad, del crecimiento de la delincuencia organizada y de cómo ha venido afectando a la productividad y a sus habitantes este clima de zozobra y de falta de gobernabilidad; sin tapujos se reconoce públicamente la ausencia de Estado de derecho.
Pero la ausencia de Estado de derecho enCiudad Juárez no es un asunto de unos años o meses atrás. Claudia, Esmeralda y Laura Berenice desaparecieron entre el 22 de septiembre y el 29 de octubre de 2001, unas semanas después fueron encontradas en el campo algodonero. Son tres casos inmersos entre centenas de mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas desde 1993. Frente a estos asesinatos, funcionarios de distintas administracionesmunicipales y gobiernos estatales han venido minimizando desde entonces su gravedad, e incluso hay constancias públicas de que algunos funcionarios estatales de primer nivel llegaron a culpar a las propias víctimas de su suerte, ya sea “por su forma de vestir”, porque andaban solas o porque realizaban “ciertos trabajos”. En un claro caso de prejuicio se llegó a especular sobre “su conducta”, e incluso sellegó a mencionar que sus muertes eran resultado de la falta de cuidado de sus padres.
Familiares de estas centenas de víctimas durante estos años han recurrido a todas las instancias posibles en busca de justicia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1998, después de revisar 24 casos, recomendó a las instancias gubernamentales, entre ellas a la procuraduría estatal de justicia, de la cualse documentó la falta de interés y ausencia de vocación por atender y remediar una problemática social tan grave; la comisión señaló estas inacciones como formas de discriminación, lo que constituye un menosprecio sexista. La recomendación 44/1998 de la CNDH enfatiza que la violación de los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares no fue debidamente atendida por los funcionariosestatales de Chihuahua. El crecimiento del número de víctimas posterior a esta recomendación evidencia que no hubo revisión del funcionamiento de la procuración de justicia, no hubo reparación del daño ni, para el futuro inmediato, la revisión y valoración de la prevención de la violencia feminicida.
En 2002 la Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA hizo énfasis en quelas respuestas de las autoridades frente a los crímenes contra mujeres había sido notablemente deficiente y alegó que la mayoría de los asesinatos seguían impunes, aunque el Estado tenía conocimiento de la gravedad de la situación; se señala en una de sus conclusiones que existe una gran brecha entre la incidencia del problema de violencia contra las mujeres y la calidad de la respuesta estatalofrecida a este fenómeno, lo cual propicia la repetición de los hechos.
Diversas recomendaciones han recibido las autoridades de Chihuahua: del Relator sobre independencia judicial de la ONU en el 2002; de la Relatora Especial sobre los derechos de la Mujer de la Comisión IDH en 2003; de la Comisión de Expertos Internacional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2003;...