Caso Almonacid

El Caso Almonacid
La Noción de una Obligación Imperativa de Derecho Internacional de Enjuiciar Ciertos Crímenes y la Jurisprudencia Interamericana sobre Leyes de Impunidad
José Zalaquett[1]


I. Introducción

Con fecha 26 de septiembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte) emitió sentencia en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile (enadelante, Almonacid o el Caso Almonacid ).

El caso versa, en lo sustancial, sobre la aplicabilidad del Decreto Ley de Amnistía publicado el día 18 de abril de 1978 por la Junta Militar que había asumido, de facto, el gobierno de Chile el día 11 de septiembre de 1973. Este es el cuarto caso en contra de Chile que la Corte ha decidido. Los otros tres tratan de la violación de las obligacionesimpuestas por la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, la Convención Americana) de respetar y garantizar el derecho de libertad de expresión[2].

Almonacid constituye el paso más reciente en la evolución de la doctrina del sistema interamericano de protección de derechos humanos sobre la ilegitimidad, ilegalidad e inaplicabilidad de medidas legales que impiden la investigación,procesamiento y eventual sanción por violaciones a los derechos humanos consideradas particularmente graves por el derecho internacional. Dichas medidas son conocidas comúnmente como leyes de amnistías, de auto-amnistía o de impunidad.

En este comentario se sostiene que:

a. Almonacid representa un avance significativo en la evolución conceptual y de argumentación normativa que sobre esta materiaha tenido el sistema interamericano y, en especial, la Corte.

b. La conclusión principal a la que la Corte arriba en este caso es enteramente correcta, a la luz del desarrollo del Derecho Internacional. Esta es, en síntesis, que existen ciertos crímenes de suprema gravedad, respecto de los cuales dicha rama del derecho establece obligaciones imperativas de investigación, persecución,juzgamiento y eventual sanción; que tales crímenes no prescriben ni pueden ser objeto de amnistías u otras medidas legales que impidan que se cumplan tales obligaciones; que los Estados no pueden invocar normas de derecho interno para excepcionarse de esas obligaciones y que existe una obligación internacional para los Estados de cooperar entre sí con el fin de asegurar el cumplimiento de ellas.

c.Sin embargo, la fundamentación de la Corte para llegar a tales conclusiones es a la vez limitada e imprecisa. Como se verá más adelante es, en cierta medida, inevitable que sea limitada por el modo cómo la Corte ha fallado sobre su propia competencia. En efecto, la Corte no toma en cuenta el concepto de crímenes de guerra, que emana tanto del Derecho Internacional Humanitario, sobre cuyaaplicación ha declarado no poseer competencia. Tampoco considera cabalmente el Derecho Penal Internacional ni el desarrollo del pensamiento ético y jurídico que ha surgido con ocasión del nacimiento y desarrollo de la disciplina y campo de experiencia que se conoce con el nombre de “justicia transicional” o “verdad, justicia y reconciliación”, entre otras denominaciones. Al no hacer uso de estosimportantes marcos normativos y conceptuales (sin perjuicio de que las razones puedan ser explicables o atendibles) la Corte se priva de argumentos más sólidos y coherentes para llegar a las conclusiones generales -básicamente correctas- que alcanza. La argumentación de la Corte, además, construye una obligación de investigar, perseguir y castigar ciertos crímenes principalmente a partir dedeterminadas disposiciones que contiene la Convención Americana. Por cierto, ello supone que la Corte afirma, indirectamente, que el Derecho Penal Internacional, a diferencia del derecho penal nacional de los distintos Estados, no sólo establece una facultad punitiva a favor de éstos, sino que impone una obligación de investigación, prosecución y castigo que pesa sobre los Estados y sobre la comunidad...