Caso de Derecho Procesal Penal

Caso práctico I
Derecho procesal III

Patricia Fuentes Ribó
26/03/2014

Introducción

En el presente caso práctico se nos solicita responder a tres cuestiones desde un punto de vista meramente procesal. El supuesto de hecho en torno al que giran las cuestiones es el que sigue a continuación.
Supuesto de hecho

Juan, vecino de Barcelona, emprende un viaje de turismo a Francia,deteniéndose el primer día en la ciudad francesa de Perpignan. Paseando por una calle de las afueras de dicha ciudad, Juan es arrollado por un automóvil que le causa lesiones graves; el conductor del vehículo desciende del mismo, y al observar el estado del lesionado, sube otra vez al coche, lo pone en marcha y desaparece a gran velocidad en dirección a la frontera española. Juan, que ha vistoperfectamente al conductor, puede recordar que la matrícula del vehículo es E-1866-BCD, lo que comunica a la policía francesa para que se proceda a la búsqueda del mismo. La policía ingresa a Juan en un hospital, e instruye un atestado del que resultan los hechos antes relatados, no pudiendo proceder contra el autor por haber pasado la frontera española antes de que pudiera ser localizado y detenido.Juan tarda noventa días en curar de sus lesiones, y ya restablecido y vuelto a España, se dirige a la Dirección General de Tráfico y comprueba que el coche de la matrícula indicada pertenece a Pedro, domiciliado en Zaragoza. Personado en su domicilio, establece la identidad de Pedro como la del conductor causante del atropello.
Resolución del caso

Primera cuestión: ¿Puede Juan instar lapersecución criminal de Pedro ante los órganos jurisdiccionales españoles y cuál sería, en caso afirmativo, el Juzgado de Instrucción competente?

A efectos de resolver esta primera cuestión, conviene aclarar que se entiende que tanto Juan como –y más relevante– Pedro son españoles –o hubiera Pedro adquirido la nacionalidad española tras la comisión del delito–, puesto que, en caso de que Pedro no lofuera, y de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) que a continuación analizaremos, los órganos jurisdiccionales españoles no tendrían competencia para perseguir tal delito a priori y partiendo de los datos de que disponemos.

Como hemos señalado, resulta trascendental aludir al extenso 23 LOPJ para resolver la primera parte de estacuestión. Dada su longitud, se transcribirán únicamente los elementos que se estiman más relevantes para nuestro propósito, recogidos en el párrafo segundo del mismo artículo, que reza:

«Artículo 23
1. […]
2. También conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjerosque hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:
a. Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito, sin perjuicio de lo dispuesto en losapartados siguientes.
b. Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales españoles.
c.  Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.
3. […]».

De lo anteriorresulta manifiesto que no sólo Juan tendría la posibilidad de instar la persecución de los hechos en los órganos jurisdiccionales españoles, sino que sería un requisito indispensable que bien él mismo –en calidad de agraviado–, bien el Ministerio Fiscal –como promotor de la Justicia y defensor de los intereses de los ciudadanos y la aplicación de la ley– interpusieran querella para que tal...