Caso Fernandez Ortega vs. México















































Caso Fernández Ortega y otros vs. México

Durante una década, una mujer indígena luchó por sus derechos y la resolución del atropello de estos; no se considera el primer caso en la comunidad ni en el estado. Desde el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el gobierno mexicano ha militarizado la mayoría de lascomunidades indígenas en estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, con la excusa de la depuración y prevención del crimen organizado en todo México.

Ser víctima de abuso sexual, vivir el hostigamiento posterior al delito, ser discriminado y engañado por ser parte de una comunidad indígena, además de estar en desventaja por diferencia de idioma fueron, entre otras barreras por las que se vio limitada, delas que Inés Fernández Ortega enfrentó para obtener una justicia, resolución y diez años después una disculpa por parte del Estado Mexicano.

Este caso, como uno más de miles que llegan a una comisión internacional, presenta un patrón de injusticia por parte de ministerios públicos incompetentes que no atienden de forma correcta y humanitaria a víctimas de delitos de diversa índole cometidos pormiembros del ejército mexicano o cualquier otra autoridad judicial.

Análisis del caso

El 30 de agosto de 2010, la Corte Interamericana de los Derecho Humanos declaró por unanimidad al Estado Mexicano como responsable de la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de Inés FernándezOrtega, de sus hijos y su esposo.

Con base en las declaraciones de Inés Fernández Ortega, se relata que el día 22 de marzo de 2002 la denunciante y su familia se encontraban en su domicilio ubicado en Ayutla, Guerrero (una comunidad indígena), cuando 11 miembros del ejército mexicano entraron por la fuerza y sin autorización. Tras una serie de gritos y forcejeos violaron a Inés frente a sus hijos,todos ellos siendo menores de edad también experimentaron agresión física mediante un sometimiento que las autoridades aplicaron con lujo de violencia.

Al día siguiente la denunciante acudió al Ministerio Público de su comunidad, por lo que se inició una averiguación por los delitos de violación sexual, allanamiento de morada y abuso de autoridad con lujo de violencia. Al determinar la posibleparticipación militar en los hechos relatados, el Ministerio se declara incompetente para continuar con la investigación debido a que esto significaría una acusación contra miembros del ejército, por lo que este envió el expediente al Ministerio Público Militar de la Zona Militar 35, donde finalmente fue archivado e ignorado.

Dos años después la señora Fernández Ortega, con la ayuda de la OrganizaciónIndígena de Pueblos Tlapanecos A.C. y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C., presentaron la denuncia formal por los actos de violación y tortura ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la cual se declara competente para intervenir en virtud de que el Estado Mexicano depositó el instrumento de ratificación el 12 de noviembre de 1998.

Durante suinvestigación, el organismo internacional encontró que el caso de Inés Fernández fue archivado por las autoridades militares mexicanas bajo argumentos sustentados por una supuesta falta de denuncia “directa y personal en contra de algún miembro del Ejército Mexicano”. En 2008 tras emitir conclusiones, la Comisión decidió demandar al gobierno mexicano por su responsabilidad en la violación y tortura deFernández Ortega. Además, determinó que no se tomaron en cuenta los retratos hablados, no hubo un dictamen psicológico y el gobierno de Guerrero no la asistió como víctima de un delito de violencia sexual.


El 7 de mayo de 2009, la comisión emite su resolutivo:
“El caso se encuentra en etapa de investigación preliminar desde hace casi siete años sin que a la fecha se hayan completado las diligencias...