Caso Halabi
Páginas: 62 (15330 palabras)
Publicado: 16 de junio de 2015
“Halabi”, CSJN - Fecha: 24/02/2009 - Publicado en: La Ley Online
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DICTAMEN DE LA PROCURADORA FISCAL.
A fs. 109/116, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (sala 2ª) resolvió confirmar el pronunciamiento que había hecho lugar a la acción de amparo entablada por Ernesto Halabi -letrado en causa propia-; en consecuencia, declaró lainconstitucionalidad de la ley 25873 (arts. 11y 21) y del decreto 1563/2004, que imponen a los prestadores de servicios de telecomunicaciones la captación y derivación de las comunicaciones que transmiten, para su observación remota a requerimiento del Poder Judicial o del Ministerio Público, de acuerdo con la legislación vigente.
En primer término, y desde el punto de vista formal, los integrantes de la saladeclararon desierto el recurso de apelación planteado por el Estado Nacional (arts. 265y 266, CPCCN.) contra el pronunciamiento de la jueza de primera instancia. Consideraron que el memorial del apelante no cumplía con los recaudos establecidos en las normas del rito, en razón de que el Estado se limitaba a reiterar planteos formulados con anterioridad, los que ya habían merecido unpormenorizado examen por parte de la magistrada.
Sin perjuicio de ello, y dada la trascendencia de la cuestión debatida en autos, manifestaron que considerarían los argumentos desarrollados en defensa de las normas cuestionadas.
En ese orden, y después de examinar la admisibilidad de la vía del amparo elegida por el accionante, entraron al fondo del planteo sub examine.
A tal fin, hicieron suyos losfundamentos del fallo de primera instancia, en torno a: (i) la falta de debate legislativo para el dictado de la ley; (ii) los antecedentes del derecho comparado, en los cuales las distintas legislaciones tomaron las precauciones del caso para no incurrir en violaciones al derecho a la intimidad -por ejemplo, limitaron el tiempo de guarda de datos de tráfico-; (iii) la necesidad de que la ley seamotivada y fundada; (iv) la vaguedad de muchas de las previsiones contenidas en la ley; (v) los puntos en que los datos de tráfico anudan con el contenido de las comunicaciones; (vi) el riesgo cierto de que los datos personales sean utilizados para fines distintos de aquéllos previstos en la norma; y (vii) la vulneración de principios y límites que hacen a la esencia misma del Estado de Derecho, en loque concierne al decreto 1563/2004, por haber abdicado el Congreso de sus facultades propias, como el Poder Ejecutivo por haberse excedido en el ejercicio de la potestad reglamentaria, ya sea que se lo considere como un reglamento de ejecución o bien delegado.
Sostuvieron así que las normas impugnadas transgreden las disposiciones de los arts. 18y 19, CN., en cuanto establecen, respectivamente, lainviolabilidad de la correspondencia y excluyen de la autoridad de los magistrados las acciones privadas de los hombres que no ofendan a la moral y al orden público; las de la Convención Americana de Derechos Humanos-aprobada por la ley 23054- (de jerarquía constitucional, art. 75, inc. 22), que reconocen los derechos a la
honra y a la dignidad y a que nadie pueda ser objeto deinjerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio, ni en su correspondencia (art. 11, incs. 11 y 21), y las estipulaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-aprobado por la ley 23313y con igual jerarquía que la Constitución- que reconoce el derecho a la intimidad (art. 17, inc. 11).
Después de efectuar consideraciones en torno a laimportancia de la protección al derecho de privacidad, en cuanto éste debe ser reconocido como uno de los mayores valores del respeto a la dignidad y un rasgo diferencial entre el Estado de Derecho democrático y las formas políticas autoritarias y totalitarias, señalaron que la intromisión estatal en ellos sólo podría justificarse sobre la base de ponderar juicios que sean capaces de demostrar que las...
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DICTAMEN DE LA PROCURADORA FISCAL.
A fs. 109/116, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (sala 2ª) resolvió confirmar el pronunciamiento que había hecho lugar a la acción de amparo entablada por Ernesto Halabi -letrado en causa propia-; en consecuencia, declaró lainconstitucionalidad de la ley 25873 (arts. 11y 21) y del decreto 1563/2004, que imponen a los prestadores de servicios de telecomunicaciones la captación y derivación de las comunicaciones que transmiten, para su observación remota a requerimiento del Poder Judicial o del Ministerio Público, de acuerdo con la legislación vigente.
En primer término, y desde el punto de vista formal, los integrantes de la saladeclararon desierto el recurso de apelación planteado por el Estado Nacional (arts. 265y 266, CPCCN.) contra el pronunciamiento de la jueza de primera instancia. Consideraron que el memorial del apelante no cumplía con los recaudos establecidos en las normas del rito, en razón de que el Estado se limitaba a reiterar planteos formulados con anterioridad, los que ya habían merecido unpormenorizado examen por parte de la magistrada.
Sin perjuicio de ello, y dada la trascendencia de la cuestión debatida en autos, manifestaron que considerarían los argumentos desarrollados en defensa de las normas cuestionadas.
En ese orden, y después de examinar la admisibilidad de la vía del amparo elegida por el accionante, entraron al fondo del planteo sub examine.
A tal fin, hicieron suyos losfundamentos del fallo de primera instancia, en torno a: (i) la falta de debate legislativo para el dictado de la ley; (ii) los antecedentes del derecho comparado, en los cuales las distintas legislaciones tomaron las precauciones del caso para no incurrir en violaciones al derecho a la intimidad -por ejemplo, limitaron el tiempo de guarda de datos de tráfico-; (iii) la necesidad de que la ley seamotivada y fundada; (iv) la vaguedad de muchas de las previsiones contenidas en la ley; (v) los puntos en que los datos de tráfico anudan con el contenido de las comunicaciones; (vi) el riesgo cierto de que los datos personales sean utilizados para fines distintos de aquéllos previstos en la norma; y (vii) la vulneración de principios y límites que hacen a la esencia misma del Estado de Derecho, en loque concierne al decreto 1563/2004, por haber abdicado el Congreso de sus facultades propias, como el Poder Ejecutivo por haberse excedido en el ejercicio de la potestad reglamentaria, ya sea que se lo considere como un reglamento de ejecución o bien delegado.
Sostuvieron así que las normas impugnadas transgreden las disposiciones de los arts. 18y 19, CN., en cuanto establecen, respectivamente, lainviolabilidad de la correspondencia y excluyen de la autoridad de los magistrados las acciones privadas de los hombres que no ofendan a la moral y al orden público; las de la Convención Americana de Derechos Humanos-aprobada por la ley 23054- (de jerarquía constitucional, art. 75, inc. 22), que reconocen los derechos a la
honra y a la dignidad y a que nadie pueda ser objeto deinjerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio, ni en su correspondencia (art. 11, incs. 11 y 21), y las estipulaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-aprobado por la ley 23313y con igual jerarquía que la Constitución- que reconoce el derecho a la intimidad (art. 17, inc. 11).
Después de efectuar consideraciones en torno a laimportancia de la protección al derecho de privacidad, en cuanto éste debe ser reconocido como uno de los mayores valores del respeto a la dignidad y un rasgo diferencial entre el Estado de Derecho democrático y las formas políticas autoritarias y totalitarias, señalaron que la intromisión estatal en ellos sólo podría justificarse sobre la base de ponderar juicios que sean capaces de demostrar que las...
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