Caso Hernández V. Romero Barceló

112 D.P.R. 407 ‐‐ Miguel A. Hernández Agosto, Presidente del Senado de Puerto Rico, por sí y a nombre y en representación de dicho cuerpo v. Carlos Romero Barceló, Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR TORRES RIGUAL emitió la opinión del Tribunal.
Atendemos en jurisdicción original el recurso de mandamus instado por el Hon. Miguel A. Hernández Agosto,quien comparece por sí y a nombre y en representación del Senado, solicitando se obligue al Gobernador a enviar a dicho cuerpo para su consejo y consentimiento la nominación
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de los funcionarios de gobierno, en particular los miembros del Gabinete, que el Gobernador ha
decidido retener en sus cargos por un segundo término en la gobernación.
[1] No se cuestiona el ejercicio denuestra jurisdicción original. En efecto, el recurso cumple sustancialmente con los requisitos formulados por la jurisprudencia para el ejercicio de esa jurisdicción por este Tribunal. La cuestión es, sin duda, de gran interés público, va dirigida contra el Gobernador y requiere pronta solución. Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264 (1960); Partido Popular v. Gallardo, 56 D.P.R. 706(1940). Además, el peticionario hizo el requerimiento previo al Gobernador mediante la Resolución del Senado Núm. 217, aprobada el 29 de abril de 1981. (1)
Es de rigor considerar en primer término las defensas planteadas por el Gobernador en su oposición al recurso para luego resolver sus méritos.
I
A. Defecto de partes
Sostiene el demandado que conforme a las disposiciones de la Regla 16 deProcedimiento Civil y en orden a una adjudicación equitativa de la controversia es indispensable traer al pleito a los funcionarios que el Gobernador decidió retener en sus cargos. A su juicio, la omisión de incluirlos como partes indispensables y de notificarles de la solicitud viola el debido proceso de ley. No estamos de acuerdo.
(1) Dicha resolución dispone en lo pertinente:
"TERCERO: Encaso de que el Gobernador no contestare este requerimiento según las circunstancias expresadas en el párrafo segundo anterior, o en caso de que contestare negándose a someter los nombramientos referidos para su confirmación por el Senado, el Senado autoriza a su Presidente, Lcdo. Miguel A. Hernández Agosto, para que a nombre y en representación del Senado de Puerto Rico, radique en el TribunalGeneral de Justicia el procedimiento adecuado para que el Poder Judicial determine finalmente la controversia sobre interpretación constitucional que existe entre el Poder Ejecutivo y el Senado de Puerto Rico sobre la cuestión planteada en esta Resolución."(fin de nota al
calce)
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[2‐3] El auto de mandamus va dirigido a la persona obligada al cumplimiento de un acto y su único propósitoes compeler ese cumplimiento. Art. 650 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3422 ; (2)Honoré v. Wilson, 32 D.P.R. 827 (1924). En el caso de autos es el Gobernador quien alegadamente tiene que cumplir con el deber de enviar las nominaciones de los funcionarios concernidos al Senado, por lo que es él la única parte indispensable en este recurso. Los funcionarios en cuestión notienen obligación alguna con respecto al cumplimiento de ese deber objeto del litigio.
[4‐6] Tampoco las Reglas de Procedimiento Civil requieren la acumulación como partes indispensables de dichos funcionarios. Como se sabe, dichas reglas son aplicables al auto de mandamus por disposición expresa de la Regla 14(b) del Reglamento de este Tribunal, únicamente en cuanto las mismas no conflijan con esteReglamento, se adapten a la eficiente tramitación de la causa, y cumplan los fines de la justicia". I Práctica Forense, Ap. I‐A R 14, pág. 674. Rivera v. Cancel, 68 D.P.R. 365 (1948); Martínez v. Vda. de Morales, 72 D.P.R. 210 (1951). La Regla 16, que corresponde a la Núm. 19 de las Reglas federales de Procedimiento Civil, tan solo requiere la presencia en el pleito de aquellas "personas que...