Caso Monges

(Corte Sup., 26/12/96 - Monges, Analía M. v. Universidad de Buenos Aires ). JA 1998-I-350

Buenos Aires, diciembre 26 de 1996. Considerando: 1. Que la sala 1ª de la Cám. Nac. en lo Cont.-Adm. Fed. declaró la nulidad de la resolución 2314/95 del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, que a su vez había dispuesto dejar sin efecto la resolución 1219/95 dictada por el Consejo Directivode la Facultad de Medicina, por la que se creó el denominado "curso preuniversitario de ingreso". Contra tal pronunciamiento, el rector de la Universidad de Buenos Aires interpuso el recurso extraordinario, que fue concedido a f. 223.

2. Que, en lo sustancial, el a quo sostuvo que el art. 75, inc. 18, CN. (1) le encomienda al Congreso el dictado de "planes de instrucción general yuniversitaria" referentes a todos los niveles y ciclos educativos. Señaló que, por medio del art. 50 Ley de Educación Superior, el Congreso cumplió con esa misión sin que se observen disposiciones irrazonables en la norma sancionada, desde que atiende a la necesidad de programar las pautas de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes, con un adecuado respeto al marco participativo y democrático decada facultad o unidad académica. Agregó que, si el constituyente reformador hubiera querido establecer un régimen de autonomía como el que pretenden las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, carecería de sentido la expresa evocación del concepto de autarquía que hace el art. 75, inc. 19, CN.

4. Que los agravios del apelante suscitan cuestión federal suficiente para su tratamiento porla vía intentada... 
De la solución a que se acceda dependerá la validez de la res. 2314/95 del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires -impugnada en autos- que dejó sin efecto la res. 1219/95 del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, que creó el "Curso preuniversitario de ingreso", sobre la base de lo dispuesto en el citado art. 50 in fine.

6. Que, en primer lugar, ha derecordarse la reiterada doctrina de esta Corte en el sentido de que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es acto de suma gravedad institucional y una de las más delicadas funciones susceptibles del encomendarse a un tribunal de justicia y, por ello, debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico (Fallos, 288-325 [4]; 290-83 [5]; 292-190; 294-383 [6]; 298-511;300-241 y 1087; 302-457, 484 y 1149; 311-394 [7]; 312-122 y 435 [8], entre muchos otros), y sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (Fallos, 285-322).

16. Que si bien es verdad que la reforma constitucional de 1994 -tal como se señaló- ha incorporado a nuestra Ley Fundamental el principio de autonomíauniversitaria, no lo es menos que también otorgó jerarquía constitucional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  -en las condiciones de su vigencia- (art. 75, inc. 22, CN. ), cuyo art. 13 establece que "la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados..." (inc. 2, c).

17. Que elacceso a la enseñanza superior es para "todos sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados...". La autonomía y autarquía universitarias tienen el mismo rango o jerarquía constitucional que el acceso sobre la base de la capacidad. La autonomía no puede estar reñida con el principio de acceso por capacidad. Por lo tanto este último principio no queda subsumido en laautonomía. En consecuencia, nada obsta a que el Congreso Nacional establezca un régimen de acceso a la enseñanza superior pues según la norma del tratado internacional con jerarquía constitucional, son los Estados los que tienen el poder y la obligación de garantizar el acceso según la capacidad a la enseñanza superior.

18. Que resulta a todas luces razonable que ello sea así pues, como lo ha...