Caso paulina

Caso Paulina |
El reciente caso de Paulina Ramírez no es hecho aislado. Es parte de una nueva estrategia para forzar el aborto en América Latina promovida por el controvertido “Center for Reproductive Rights” (CFR) de Estados Unidos y de sus socios regionales para someter al estado mexicano de Baja California a aprobar en la práctica el aborto por violación.

Esta nueva estrategia consiste enutilizar acuerdos internacionales no vinculantes para sorprender a los Estados y “está explicada en un ensayo titulado ‘¿Qué rol juega el derecho internacional en la promoción y avance de los derechos reproductivos en América Latina?’”, escrito en conjunto por Mónica Roa –la abogada colombiana abortista que busca la liberalización del aborto en su país–, Lilian Sepúlveda-Oliva y Luisa Cabal; lastres miembros del CFR.
En este ensayo, las feministas proponen la vía del litigio internacional para “desarrollar nuevos estándares para la protección de los derechos reproductivos”; para lograr que las autoridades locales se vean obligadas a desconocer la legislación del país e introduzcan cambios que permitan el aborto y la oferta de servicios de “salud reproductiva” para adolescentes. 
Lastres autoras reconocen en el ensayo ya citado que estas situaciones están “todavía carentes de un marco legal sólido que refleje una obligación para ejercer los derechos reproductivos”.

Tres casos manipulados
CFR se dedicó a escoger tres casos cargándolos de una fuerte dosis de dramatismo que jugara a favor de sus pretensiones.
Los tres casos son los de Paulina Ramírez (México), descrito por elCFR como el de “un aborto en una adolescente que fue violada cuando la ley mexicana no considera esa como causa de despenalización”; Karen Llantoy (Perú), madre de un niño anencefálico en cuyo caso los demandantes presentaron el caso como un aborto “terapéutico” argumentando que el delito del aborto no es penado cuando está en peligro la vida o salud de la madre; y Mamérita Mestanza (Perú) muertapor una esterilización forzada y falta de atención médica cuando presentó complicaciones.
En los tres casos mencionados, existen los elementos comunes:
• Una reinterpretación ideologizada de los pactos y tratados internacionales y 
• Un sobredimensionamiento del papel de los comités de seguimiento de estos tratados”.
• El reclamo es la pretensión del reconocimiento de algún “derechoreproductivo” por parte del Estado en especial del aborto.
Hay que recordar que las recomendaciones de estos comités no son vinculantes, es decir, que no obligan a un país; y sin embargo la estrategia del CFR es la de intimidar a las naciones con apoyo de otros organismos de derechos humanos y hacerles creer que están incumpliendo acuerdos internacionales vinculantes.
De esta manera, cuando un Estadocede ante la presión, establece un conjunto de “acuerdos” que significan la aceptación de la práctica del aborto, y establece un precedente para futuros casos.
En el caso más reciente, el de Paulina Ramírez en México, el CFR, con el apoyo de otros organismos internacionales y de organizaciones anti-vida mexicanas, demandó al estado mexicano de Baja California “por impedirle el acceso al aborto yaque, según los demandantes, el nacimiento del niño –que paradójicamente hoy Paulina cría con amor– violó su integridad sexual”. 
Finalmente, el estado de Baja California aceptó pagar una indemnización a Paulina y se comprometió a asegurar que “episodios como los de Paulina no volverán a suceder en el estado”.
Las organizaciones de defensa de la vida y la familia en México están tratando de conocera qué se ha comprometido el estado de Baja California, y si este compromiso significa en algo ignorar la ley en México que no reconoce el “derecho” al aborto por violación.
La estrategia consiste en insistir en que se trata de “una violación de un derecho humano de la madre” sin mencionar el derecho de los niños.
Es absolutamente claro que no existe en el CFR ningún interés por entender o...