CASO PETRO
Algunas conclusiones, Frente a esta grave situación, causada por la injusta y desproporcionada decisión de un funcionario administrativo, como el Procurador General de la Nación y acatada por el Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, sin que medie sanción penal en su contra, tal y como lo establece la ConvenciónAmericana, de la cual Colombia hace parte, deseamos expresar lo siguiente:
1. La destitución e inhabilitación por 15 años para el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro, por una decisiónadministrativa avalada y ejecutada por el Presidente de la República, se constituye una violación grave a los derechos políticos tanto del alcalde destituido, como de sus electores.
2. El ejercicio efectivo de los derechos políticos es un elemento fundamental de las sociedades democráticas para garantizar los derechos humanos, tal y como lo ha señalado la Jurisprudencia dela Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3. Las garantías políticas han sido un elemento esencial en el curso de los dialogos entre el gobierno colombiano y laguerrilla de las FARC, en el que se han logrado importantes avances. La desproporcionada e injusta sanción impuesta al Alcalde electo de Bogotá Gustavo Petro, tiene un impactonegativo en términos de la confianza en la voluntad política del Estado Colombiano de cumplir con lo pactado en la mesa de negociaciones sobre garantías políticas.
4. Con esta decisión el gobierno colombiano, ha desacatado las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del Alcalde y con ello, desconocido compromisosinternacionales y la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, que ha reconocido el carácter vinculante de las medidas cautelares para el Estado Colombiano.
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