Caso Pr Ctico 3

CASO 3. LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL I. Planteamiento y Objetivos
En el mundo internacional contemporáneo, la producción de normas y obligaciones internacionales en distintos ámbitos internacionales (como, por ejemplo, seguridad, medio ambiente, derechos humanos, desarrollo) se ha intensificado. El resultado es un aumento de posibles conflictos normativos entre distintas obligacionesinternacionales (por un lado) y conflictos normativos entre obligaciones internacionales y el orden interno (por otro lado). Esta situación crea nuevos desafíos para el Estado a la hora de honrar sus obligaciones internacionales como, en particular, solucionar conflictos entre distintas obligaciones internacionales para no incurrir en responsabilidad internacional, o bien comosolucionar conflictos entre obligaciones internacionales y normas constitucionales garantizadas en el orden interno.

En este caso práctico vamos a ver dos ejemplos de este problema: uno es el conflicto potencial entre obligaciones internacionales de los Estados relativos al mantenimiento de la seguridad internacional y sus obligaciones en materia de protección de los derechos humanos en el marco de lalucha global contra el terrorismo; el otro el relativo a las inmunidades del Estado y de sus agentes. En relación al primero, los ataques de 11-S cambiaron las percepciones internacionales sobre las medidas adecuadas para luchar contra el terrorismo internacional. Como reacción a los ataques el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) determinó que el terrorismo internacional constituyeuna amenaza a la paz internacional que exige la adopción de medidas extraordinarias bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU. Una medida especialmente llamativa, promovida por el Consejo con el fin de prevenir la comisión de actos de terrorismo, ha sido la congelación de fondos de individuos y entidades sospechados por intentar cometer o facilitar la comisión de actos terroristas.Así, en su resolución 1373 (adoptada el día 18 de septiembre de 2001 bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU), el Consejo decidió que: “Todos los Estados … congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión; de las entidades de propiedad o bajo elcontrol, directos o indirectos, de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las personas y entidades asociadas con ellos” (art. 1.c).

Además, el Consejo obligó a su Comité de sanciones y contraAl-Qaida y los talibanes (establecido por el Consejo en virtud de la resolución 1267 de 1999) a actualizar la Lista de personas y entidades cuyos fondos deberán ser congelados (Lista Consolidada). Por otra parte, desde la perspectiva de los derechos humanos, el Consejo derogó de facto mediante la adopción de la resolución 1373 los derechos humanos de las personas seleccionadas a ser oídas, adefenderse, y a cuestionar la inclusión de su nombre en la Lista ante de un tribunal independiente, competente e imparcial (art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Además, la privación de acceso a todos los recursos económicos puede implicar una violación del derecho humano a la vida de las personas cuyas fondos han sido congelados (artículo 6.1 del PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos). De hecho, la gran mayoría de las constituciones estatales reconocen a estos derechos como derechos fundamentales. Sin embargo, la resolución 1373 no se pronuncia sobre cómo los Estados deberán solucionar el conflicto potencial entre la obligación internacional de congelar a los fondos de las personas en cuestión y otras obligaciones en el ámbito...