Caso Practico Urbanismo (Derecho Administrativo)

CASO PRÁCTICO DE URBANISMO
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión de 26 de mayo de 2011 sobre el urbanismo valenciano (Sala 3ª. Asunto C-306/08)

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Teresa Abad Hernández
CASO PRÁCTICO DE URBANISMO
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión de 26 de mayo de 2011 sobre el urbanismo valenciano (Sala 3ª. Asunto C-306/08)-------------------------------------------------

Teresa Abad Hernández

Introducción histórica y jurídica

El 26 de mayo de 2011 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó esta sentencia en relación con el asunto C-306/08, en la que se analizó la aplicabilidad de la Directiva 37/1993, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicosde obras y de la Directiva 18/2004, de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios, y la adjudicación de los "programas de actuación integrada" previstos en la legislación urbanística valenciana, en régimen de gestión indirecta.

Este asunto tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, conarreglo al artículo 226 CE, el 9 de julio de 2008, por la Comisión Europea , parte demandante, contra
el Reino de España, parte demandada.
El Tribunal desestimó el recurso porque consideró que no se había demostrado que el objeto principal del contrato celebrado entre el ayuntamiento y el agente urbanizador se correspondía con un contrato público de obras en el sentido de las Directivascitadas.

A continuación, voy a exponer los antecedentes históricos en esta materia así como los argumentos en que se basa el Tribunal para proceder a tal fallo de la sentencia y la repercusión que ésta ha tenido hasta este momento.

Algunos acontecimientos recientes han producido gran confusión en cuanto al deslinde entre las normativas en materia de gestión urbanística y de contrataciónadministrativa. Esta sensación de confusión jurídica comenzó a notarse a partir de la conocida sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de julio de 2001 sobre el “Proyecto Scala 2001” (C-399/98). Desde este asunto tanto la doctrina como la jurisprudencia siguen estancadas en un debate complejo, que no puede declararse cerrado ni siquiera después del pronunciamiento del Tribunal deLuxemburgo de 26 de mayo de 2011 sobre los Programas de Actuación Integrada y la figura del Agente Urbanizador regulados por la normativa urbanística valenciana (C-306/08).

La resolución de este conflicto alcanza cuestiones generales de la disciplina administrativa, la cual está atravesando en los últimos años un oleaje de cambios estructurales y centrales importantes. En efecto, este grandeslinde que históricamente ha existido entre los círculos de la actividad directa de la Administración y la iniciativa privada, así como entre las esferas jurídicas de los convenios urbanísticos y de los contratos públicos, parece que se va suavizando. Esto es debido a que están surgiendo nuevas relaciones entre lo público y lo privado en el contexto de un nuevo y reformado ordenamiento jurídico,caracterizado por formas innovadoras de gestión de los programas de ejecución administrativa. En relación a este tema, cabe mencionar que dichas reformas también están entrañando complicaciones en el sector del urbanismo.

Sin duda, el efecto más grave y amenazante es la puesta en cuestión de la nota de autonomía que desde 1956 ha caracterizado este sector en España, es decir, de su consolidacióncomo ordenamiento específico dotado de una lógica peculiar con vocación de integridad (singularidad que había sido confirmada, entre otras ocasiones, también por el Tribunal Constitucional español en la STC 164/2001, de 11 de julio). En España, además, la relajación del deslinde mencionado tiene que ver también con la compleja relación entre los títulos competenciales exclusivos del Estado en...