Caso RIZZO Dictamen De La Procuraci N Y Fallo De La CSJN

DICTAMEN DE LA PROCURACIÓN GENERAL
“Rizzo, Jorge Gabriel (Apoderado Lista 3 Gente de Dcho.) s/acción amparo c. P.E.N. ley 26.855 —medida
cautelar—”
S.C., R. 369, L.XLIX.S.C., T.161, L.XLIX.

Suprema Corte:
—I—
La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, con
competencia en materia electoral, hizo lugar a las demandas de amparo interpuestas porJorge Gabriel Rizzo, en su
carácter de apoderado de la Lista 3 “Gente de Derecho”, y Carlos Lionel Traboulsi, en su condición de apoderado
del Partido Demócrata Cristiano (orden nacional) y abogado de la matrícula federal. En consecuencia, declaró la
inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley 26.855 y del decreto 577/2013, y dejó sin efecto la
convocatoria electoral prevista enlas citadas normas para la elección de miembros del Consejo de la Magistratura.
Para así decidir, entendió que la normativa impugnada afecta la representación de los abogados, jueces y
académicos en el Consejo, pues se pierde la “condición vinculante” que debe existir entre representante y
representado, por no existir relación directa entre quien eligió al representante (ciudadanos electores) ylos
representados (ciudadanos jueces, abogados y académicos). En cuanto a la elección de estos últimos, considera
que también se altera el principio de razonabilidad, pues la norma elimina cualquier sustento cualitativo que
pudiera haber en el proceso de selección respecto a la calidad o excelencia educativa y profesional del candidato.
Por otro lado, adujo que la ley 26.855 no respeta el equilibrioal que alude el artículo 114 de la Constitución
Nacional, pues se admite el predominio de un determinado sector, por el modo de elección previsto, sin la
existencia de la necesaria capacidad de control de los otros estamentos, ante cada decisión a adoptar, de lo que
colige que el Consejo podría sufrir influencias indeseables (políticas, sectoriales, económicas), que lo
desnaturalizarían. Agregaque el número de integrantes asignado al estamento de los académicos desnaturaliza la
proporcionalidad establecida en la Constitución Nacional, otorgándole preponderancia frente a los demás.
Sostuvo que la norma afecta la independencia judicial, pues el hecho de que los jueces figuren en boletas
electorales encabezadas con el nombre de un partido político les quita independencia e imparcialidad,permitiendo
abrigar fundadas sospechas en relación con su futura actuación en los casos en que esa entidad política o sus
integrantes pudieran tener intereses. Además, manifestó que la noulla obliga a los jueces a intervenir en el
procedimiento partidario para la selección de candidatos y campañas electorales, lo que resulta totalmente
incompatible con la necesaria independencia política que debendemostrar, y contradice lo dispuesto en las leyes
electorales y de organización de la Justicia, en cuanto procuran evitar su participación en la política partidaria.
— II —
Contra esas decisiones, el Estado Nacional interpuso recursos extraordinarios por salto de instancia, en los que
sostiene que las sentencias son arbitrarias, así como que yerran en la interpretación que en ellas se efectúa de laley
26.855 para considerarla contraria a lo dispuesto en la Constitución Nacional.
Por un lado, sostiene que las acciones de amparo promovidas resultan formalmente improcedentes pues los
accionantes no han acreditado la existencia de un perjuicio personal, real y concreto para el ejercicio de sus
derechos. En este sentido, aduce que la normativa impugnada no les impide acceder a una postulación enalguna
de las agrupaciones políticas afines a sus ideas.
En lo que respecta al fondo de la cuestión, critica en primer lugar la interpretación de la idea de
“representación” aduciendo que resulta erróneo analizarla, a partir de las características del instituto del
“mandato” propio del derecho privado. En segundo término, sostiene que la distribución de escaños establecida
por la ley 26.855...