Caso SGAE Administrativo

CASO PRÁCTICO 3
Con fecha 11 enero 2011 se presentó ante la Agencia Española de Protección de Datos escrito del Movimiento por los Derechos Civiles en el que se denuncia que en el edificio de la SGAE ubicado en Calle D. en la localidad de M., hay instaladas cámaras de video vigilancia que incumplirían la normativa de protección de datos. Asimismo, adjunta fotografías en las que aparece unacámara enfocada hacía la vía pública.
La SGAE ha remitido plano de situación y fotografías de las 5 videocámaras instaladas en la vía pública. Las cámaras graban imágenes en un grabador digital en el que se almacenan durante 17 días, y posteriormente se destruyen. La SGAE no ha aportado copia de la autorización administrativa emitida por la autoridad gubernativa correspondiente, según prevé elReglamento de Seguridad Privada, para realizar la instalación de las cámaras de video vigilancia en el exterior.
Mediante la Resolución del Director de la Agencia Española de la Protección de Datos de fecha 20 de septiembre de 2011, se impone a la Sociedad General de Autores (SGAE) por una infracción del artículo 6.1 Ley 15/1999 Orgánica de Protección de Datos (LOPD), tipificada como grave en elartículo 44.3.d) de la citada Ley, una multa de 30.000 euros, con aplicación del artículo 45.5.
La resolución, tras analizar los conceptos de dato personal y tratamiento, señala que a efectos de la LOPD la imagen de una persona constituye un dato personal. Considera que la SGAE ha incurrido en la citada infracción por cuanto, ha tratado imágenes de las personas que se encontraban en la vía pública,mediante la captación y grabación de los viandantes que transitan por la zona de calle capturadas por las cámaras de video vigilancia emplazadas en la fachada de su local. Consta en la citada resolución que con independencia de que el sistema de video vigilancia hubiera sido instalado o no conforme a la normativa de seguridad privada, la SGAE no estaba autorizada a utilizar cámaras de video vigilanciaque captasen imágenes de la vía pública más allá de lo que resulte idóneo, adecuado y proporcional, por ser competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Se hace constar no obstante en la resolución, la concurrencia de circunstancias que suponen una cualificada disminución de la culpabilidad, tales como que la instalación de las cámaras en el exterior del edificiorespondía a la intención de proteger el mismo de actos vandálicos y que el sistema de video vigilancia fue instalado por una empresa de seguridad privada, y aplica en correlación, el artículo 45.5 LOPD.
La SGAE interpone recurso contencioso administrativo especial de protección de derechos fundamentales, alegando que no se vulnera el derecho fundamental a la protección de datos, porque existe causajustificada y ponderada, ya que el objetivo de la instalación de video vigilancia es disuadir la comisión de actos vandálicos e intrusión no deseada al edificio y que es complementaria al servicio de seguridad presencial contratado. Manifiestan que las imágenes se visualizan en el monitor que se encuentra situado en la entrada del edificio. Respecto de la empresa de seguridad que ha realizado lainstalación de las videocámaras, manifiestan que se trata de la empresa denominada APT e inscrita en el Ministerio del Interior como empresa de seguridad privada con el número. Aportan copia de la documentación acreditativa de que la empresa de seguridad está autorizada por el órgano administrativo competente del Ministerio del Interior como empresa de seguridad privada y número de acreditación.Aportan contrato de prestación de servicios de "vigilancia y protección" con la entidad PROSEGUR e inscrita en el Ministerio del Interior como Empresa de seguridad Privada. Por todo ello solicitan se anule la sanción impuesta porque no hay vulneración de la protección de datos personales, dado que además, las imágenes no forman parte de ese derecho.
El Abogado del Estado alega que las cámaras...