Caso soengas

El caso "Soengas" (CS, agosto 7-990, causa 5-101): su importancia
La posibilidad de que una ley posterior deje sin efecto beneficios más favorables que los del derecho común laboral ha sido y es un tema controvertido, donde suelen dividirse las opiniones.
La Corte Suprema nacional, con su nueva integración, tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el particular, y sostuvo que en situacionesde emergencia económica, el Estado puede limitar derechos que fueron adquiridos a través de las convenciones colectivas de trabajo (criterio de la mayoría).
De este modo, modificó el fallo dictado por la sala VIII de la CNTrab., cuyos jueces habían reconocido que los trabajadores ferroviarios eran acreedores al pago de diferencias salariales en concepto de bonificación por año de antigüedad.Específicamente, en el caso "Soengas, Héctor Ricardo y otros c. Ferrocarriles Argentinos", los actores reclamaban las diferencias salariales que surgían, conforme la convención colectiva de trabajo vigente 21/75 en el lapso que transcurre entre el 29 de mayo de 1984 al 2 de noviembre del mismo año, y desde el 2 de noviembre de 1985 hasta el 7 de marzo de 1986. Así planteado, la mayoría de la Corte-integrada por Ricardo Levene (h), Mariano Cavagna Martinez, Enrique Petracchi, Rodolfo Barra, Julio Nazareno y Julio Oyhanarte- señaló que "la limitación de cláusulas surgidas de convenios colectivos sobre aumentos salariales automáticos ligados a otros factores de la economía parece ajustarse a la doctrina de que en situaciones de emergencia social o económica, la facultad de regular los derechospersonales puede ser más enérgicamente ejercida que en los períodos de sosiego y normalidad'. Asimismo, destaca que esos empleados ferroviarios no dejaron de percibir nunca la bonificación por antigüedad, limitándose simplemente sus alcances futuros, de lo que se concluye que no existe un derecho adquirido al aumento futuro de sus remuneraciones.
Antes bien, los jueces Carlos Fayt y AugustoBelluscio se pronunciaron en disidencia, en votos separados. Así, pues, el doctor Fayt ratificó lo expuesto en el caso "Nordensthol", por la minoría, puntualizando que "la convención colectiva prevalece sobre la ley en cuanto establezca mayores beneficios que los del derecho común laboral". También se dijo entonces que las convenciones colectivas no podrán ser dejadas sin efecto por ley, porque laConstitución Nacional las protege como fuente de derecho autónoma sectorial y extraparlamentaria". En definitiva, expresa que sólo otra convención pudo modificar lo establecido de esa forma.
Belluscio, por su parte, hace notar que dichas convenciones -cuya concertación se encuentra garantizada por el art. 14 bis de la Constitución Nacional- constituyen una fuente de derecho extraestatal, peroincorporada al régimen normativo laboral después de su homologación, coincidiendo en que sólo pueden ser derogadas por convenciones posteriores. El pronunciamiento aludido reviste una trascendencia singular, ya que se trata del primer decisorio dictado por la Corte con su nueva integración, ampliación de miembros mediante, en situaciones de esta índole. Máxime si se considera la orientación de lapolítica económica y laboral impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional en el reciente decreto 1757/90 (B. O. 6/9/90), en cuanto a la suspensión de aquellas cláusulas correspondientes a convenios colectivos de empresas y sociedades del Estado que establezcan "condiciones laborales distorsivas de la productividad o que impidan o dificulten el normal ejercicio del poder, de dirección y administraciónempresario, conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la ley de contrato de trabajo" (art. 67).
III. Opinión de la mayoría de la Corte actual
La Corte, en extenso voto advirtió que, a fin de examinar la validez constitucional de la ley 21.476, la Cámara del Trabajo se ciño a la línea argumental desarrollada por la actora, a punto tal que estimó insoslayable recurrir a la doctrina...