CASOITUANGO

El caso “Las Masacres de Ituango v. Colombia” y los
desafíos para el Estado colombiano
Por Henrik López S
Profesor de derecho de la Universidad de los Andes.

El 1 de julio de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó
sentencia en el caso de las masacres ocurridas en las veredas El Aro y de La
Granja en el municipio de Ituango. Al conocerse la sentencia, rápidamente se
escucharonvoces señalando que con dicho fallo se tornaría inaplicable la Ley de
Justicia y Paz, así como cuestionamientos a la Corte Interamericana por obligar
al Estado colombiano a asumir el costo de las acciones de los grupos
paramilitares. Ello nos obliga a considerar la sentencia. ¿Qué tiene de
significativo? ¿Por qué se alzan tantas voces de alarma cada vez que Colombia es
condenada internacionalmente?El caso de las “Masacres de Ituango v. Colombia” reviste un especial interés en
materia de protección de derechos humanos en Colombia, no sólo por cuanto
establece responsabilidad del Estado colombiano por los hechos ocurridos en las
veredas de Ituango en 1996 y 1997, sino por las violaciones de derechos humanos
que considera probadas y las formas de reparación que se ordenan.
En este caso, aligual que ocurrió en otras oportunidades, el Estado colombiano
reconoció su responsabilidad internacional, derivada de la omisión de las
autoridades en proteger los derechos humanos, así como por la participación de
agentes estatales –-particularmente miembros de la Fuerza Pública-- en los
hechos. Este reconocimiento, aunque fue considerado positivamente por la
Corte, no le impidió entrar a analizarel alcance de las obligaciones del Estado
frente a los derechos y, además, establecer, por aplicación del principio iura
novit curia, violaciones no reconocidas por el Estado o no alegadas por las
partes. Así, se confirma un estándar relativo a la competencia de los tribunales
ante violaciones de derechos humanos: no se está frente a justicia rogada, donde
sólo se evalúan las violaciones según lostérminos de las partes, sino que se trata
de un sistema que, por estar vinculada a la protección integral de la persona
humana, coloca al juez en una suerte de posición de garante de los derechos y,
por lo mismo, comprometido con la realización plena del derecho a la justicia.
Con ello, de alguna manera, se reconoce el carácter intangible e indisponible de
los derechos humanos.
Ahora, en punto alalcance de las obligaciones del Estado, la sentencia es clara
en desarrollar los deberes de respeto, protección y desarrollo. Si bien ella no
está estructurada en torno a tales deberes, éstos atraviesan la decisión y, a
partir de ello se establecen algunos estándares dignos de mención. En primer

lugar, es claro para la Corte Interamericana de Derechos Humanos que frente a
los distintos derechoshumanos el Estado tiene obligaciones positivas y negativas.
Con ello se supera discusiones propias del derecho interno sobre el carácter
justiciable de las obligaciones de hacer o aquellas de contenido prestacional.
Paradigmático en este sentido son las consideraciones de la Corte en torno a las
acciones del Estado colombiano frente al paramilitarismo y en relación con la
protección de lapoblación desplazada.
Frente al primer tema, la Corte, retomando lo señalado en el caso de Mapiripán,
considera al Estado colombiano responsable por la creación o aparición de los
grupos paramilitares. El tribunal no desconoce el hecho de que se han adoptado
medidas para prohibir, prevenir y castigar las actividades de estos grupos, pero,
en concepto de la Corte, “esas medidas no se vieron traducidas enla
desactivación concreta y efectiva del riesgo que el propio Estado había
contribuido a crear”, de manera que tiene la obligación de adoptar medidas
necesarias, suficientes y efectivas para proteger a la población frente a este
riesgo creado. La existencia de este tipo de obligaciones es particularmente
interesante en el contexto actual, pues no basta incrementar el pie de fuerza –que, como...