Ceballos 1



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
“ALDEA BUSTAMANTE”






(Ensayo)



U.C. DELITOS ECONÓMICOS
Asesor: Dr.- Ing. Lisandro PiazzaTRIUNFADORA: Vivas de Carvajal NeyGley.CI.V°15.502.833.



San Cristóbal Octubre 2015.



La Sala Constitucional o plena del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, conoció de varias demandas para la protección de los derechos e intereses colectivos o difusos en ciertos municipios del país de Venezuela de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo previsto en el artículo 146 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esta sala constitucional se declaró competente considerando en primer punto que los hechos denunciados, se circunscriben en los términos territoriales de dichos municipios, evidenciando que afectan a todo el territorionacional o a una parte significativa del mismo. Es por ello que se hace necesaria la tutela especial por parte de esta Sala Constitucional dada a proteger los bienes jurídicos venezolanos.
Por consiguiente el 17 de marzo de 2014, mediante sentencia N° 137, La Sala Constitucional acordó un mandamiento de amparo cautelar consistente a los alcaldes Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao delestado Miranda; Daniel Ceballos, alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira; Gustavo Marcano, alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui; y Eveling Trejo de Rosales, alcaldesa del municipio Maracaibo del estado Zulia
Donde se les ordena que ejerzan sus competencias conforme a lo establecido en la constitución en sus artículos(168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184).
Y a su vez de manera generalizada ordena de manera inmediata Del Mandato de Amparo Cautelar lo siguiente:

Realizar y utilicen las acciones, los recursos materiales y humanos necesarios, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en las vías públicas que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos; se proceda a la inmediata remoción de tales obstáculos yse mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas libres de residuos y escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana;
Cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de sus municipios;
Velar por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseourbano y domiciliario;
Girar las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana; y, en este sentido,
Desplegar las actividades preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de sus competencias, promoverestrategias y procedimientos de proximidad con las comunidades de sus espacios territoriales, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de la ley”.

En su defecto la Sala, advierte que de conformidad con lo señalado en el artículo29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales debía ser acatado por los funcionarios públicos señalados en cada una de esas decisiones ya sean alcaldes y directores de policía municipal, de incurrir en desobediencia a la autoridad e incurrir en la sanción penal prevista en el artículo 31.

Cabe destacar que en un primer capítulo de la sentencia se observa que la...