Censura Previa

CENSURA PREVIA












Una investigación en siete países de América Latina revela "una tendencia creciente" de los gobiernos de la región a interferir en la independencia de medios de comunicación y periodistas con mecanismos sutiles, esquivos al conocimiento público.
Fondos para publicidad del Estado que se reparten de forma arbitraria con el fin de premiarcoberturas favorables y castigar las críticas, contratos de pago directo a periodistas o llamadas a editores de parte de funcionarios molestos por la difusión de una noticia son prácticas que limitan la libertad de expresión y que se ejecutan tras bambalinas.
La investigación efectuada en Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Honduras, Perú y Uruguay estuvo a cargo de la argentina Asociaciónpor los Derechos Civiles (ADC) y de la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta, con sede en Nueva York (EEUU), con apoyo de otras entidades de los países involucrados.
"Hasta hace unos años predominaban las interferencias graves, como la persecución, la censura directa o el asesinato de periodistas. Ahora, esas formas están en retirada, afortunadamente, y afloran otras menosostensibles, pero igualmente dañinas", dijo la directora del Programa de libertad de expresión de la ADC, Eleonora Rabinovich. Esas prácticas, que conforman "patrones recurrentes" de intromisión, fueron documentadas en el informe "El precio del silencio. Uso y abuso de la publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina", que se presentó este jueves en Buenos Aires.
Los paísesbajo estudio fueron elegidos en función del conocimiento previo sobre mecanismos de censura indirecta que enfrentaban allí los periodistas, y se procuró además diversidad geográfica y de mercados, explicó Rabinovich. "No podemos decir que el criterio fue tomar los casos peores, de ninguna manera", aclaró.
La investigación, que también alude a situaciones vividas en México, Guyana, Paraguay yNicaragua, denuncia que "muchos gobiernos de la región utilizan sistemáticamente contratos publicitarios para recompensar o castigar a medios por sus contenidos" y remarca que quienes lo hacen "raramente están infringiendo leyes".
Este es otro aspecto que subraya el estudio: el manejo discrecional de recursos para estos fines prospera gracias a un vacío legal. De los siete países estudiados,solo el Perú sancionó una ley de manejo de publicidad oficial en 2006, pero los autores del trabajo señalan que no está reglamentada y resulta inefectiva.
"No hay normas que prohíban específicamente la discriminación" en el reparto de publicidad oficial, dicen. "Los marcos jurídicos existentes son insuficientes e inadecuados", según el informe, y el abuso se incrementa por la centralización enla toma de decisiones relacionadas con estos temas.
Según el informe, los abusos más frecuentes se derivan del "uso indebido de publicidad oficial para condicionar contenidos", y señala casos en Costa Rica, Perú, Chile y Honduras, donde funcionarios del Gobierno benefician con pauta publicitaria a un medio para obtener coberturas favorables a su persona o a sus políticas.
"Aquí elGobierno pretende darte un contrato de publicidad para callarte la boca", afirmó en el estudio el periodista hondureño Rodolfo Montalbán. "No te compran el anuncio, te compran la conciencia", aseguró, aludiendo al mecanismo de condicionamiento más habitual en su país, el pago, que "es una práctica institucionalizada".
También están las retribuciones por publicidad contratada directamente con elperiodista. Estos mecanismos resultan "más insidiosos" cuando se trata de periodistas de provincias o municipios, con condiciones precarias de contratación y cuya supervivencia o la de su medio dependen de la publicidad.
Las represalias o reacciones pueden ser también sutiles. La más admitida es la "autocensura, que inhibe a redacciones enteras y es capaz de acallar hasta a los periodistas más...