CESAR AUGUSTO ANAYA SIERRA pension


Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO
SUBSECCION DE DESCOGESTION
E. S. D.

Magistrada Ponente: Dra. Patricia Roció Ceballos Rodríguez

Radicado:                        08001-23-31-003-2005-03641
Accionante:                    Universidad del Atlántico
Accionado:                      Cesar Augusto Anaya Sierra

EVER FERNANDOALTAMAR GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.  72.103.013 de Baranoa - Atlántico, portador de la tarjeta profesional No. 64.070 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando conforme al poder conferido por  el Doctor RAFAEL CASTILLO PACHECO, mayor de edad y con domicilio en este distrito, en su condición de rector y representante legal de la Universidad del Atlántico, mediante elpresente acudo ante su despacho dentro del término legal con el fin de interponer RECURSO DE APELACION contra la providencia de fecha 29 de mayo del año 2015, emitida dentro del proceso del epígrafe de la referencia.
SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN
Una vez analizada la exposición de las diferentes consideraciones plasmadas en la sentencia objeto de apelación, reitero los argumentos señalados en lademanda.
No es de recibo la siguiente consideración del Tribunal Administrativo del Atlántico: “Pues bien, de conformidad con el material probatorio allegado al expediente, se evidencia que la fuente del reconocimiento de la pensión otorgada a la demandada fue la convención colectiva de 1.976, al amparo de lo dispuesto en el artículo 9º de dicha convención; toda vez que esta cumplió con los requisitosestablecidos en el literal c) de la misma, es decir, por haber cumplido más de veinte (20) años de servicio y cualquiera que sea la causa de la terminación del contrato y a cualquier edad.”
“ Ahora, de conformidad con el criterio jurisprudencial anteriormente citado, se colige que el demandado al momento de entrada en vigencia de la ley 100 de 1.993 a nivel territorial (30 de junio de 1.995), y laextensión realizada por la citada sentencia de la alta corporación de lo Contencioso Administrativo, en el entendido que aquellas situaciones consolidadas antes del 30 de junio de 1.997 también quedaron validadas, ya había cumplido con los requisitos establecidos en el mencionado literal, pues, para su reconocimiento, como quiera su condición la obtuvo inclusive desde 1.982, al haber cumplido conel tiempo de servicio de 10 años, que era el tiempo mínimo para acceder a la pensión convencional”
En la trascripción literal, el Tribunal Administrativo del Atlántico está afirmando que el artículo 146 de la Ley 100 purga regímenes ilegales e inconstitucionales?
El régimen aplicable siempre será el legal y constitucional y de manera alguna se puede aceptar la interpretación y alcance que elTribunal realiza del artículo 146 de la Ley 100, artículo que NO contempla acoger regímenes ilegales e inconstitucionales como el del caso particular, beneficiándose de la Convención Colectiva para pensionarse con mayores ventajas a las establecidas en la Ley.
Es así que me aparto categóricamente de la justificación plasmada en la sentencia objeto de recurso, y reafirmo mi posición legal yjurisprudencial en la cual se manifiesta claramente que el señor Cesar Augusto Anaya Sierra debió ser pensionado con base en el régimen legal contenido en la Ley 33 y 62 de 1985 y NO con base en la Convención Colectiva de 1976.
Significa lo anterior, que su fundamento debió centrarse en la aplicación de la normatividad vigente para reconocimiento de pensiones y NO en la errada convicción de revisar elasunto frente al artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
Hemos insistido en este interesante debate, en el sentido de señalar que las pensiones reconocidas con base en un régimen ilegal e inconstitucional, como es, reconocer pensiones a empleados públicos con base en la Convención Colectiva, no debe ser objeto de análisis bajo la norma contenida en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, sino objeto de...