CIDCH

INFORME No. 64/12
CASO 12.271
BENITO TIDE MENDEZ Y OTROS
REPÚBLICA DOMINICANA
29 de marzo de 2012


29 de marzo de 2012 1
A. Los peticionarios 6
VI. CONCLUSIONES 109
VII. RECOMENDACIONES 110


INFORME No. 64/12
CASO 12.271
FONDO
BENITO TIDE MENDEZ Y OTROS
REPÚBLICA DOMINICANA
29 de marzo de 2012


I. RESUMEN

1. El 12 de noviembre de 1999, la Comisión Interamericana deDerechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Berkeley, California (Boalt Hall), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Coalición Nacional para los Derechos de los Haitianos (NCHR) (en adelante “los peticionarios”)1contra la República Dominicana (en adelante “el Estado”, “la República Dominicana” o “el Estado dominicano”) por la violación de los derechos establecidos en los artículos 3, 5, 7, 8, 17, 19, 20, 22, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”, “la Convención” o “la CADH”), en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismoinstrumento. En la petición original se solicitó a la CIDH que otorgara medidas cautelares porque cientos de miles de personas estaban siendo expulsadas de República Dominicana. Posteriormente, en el trámite de la petición, los peticionarios individualizaron como presuntas víctimas del caso a Benito Tide Méndez, William Medina Ferreras, Lilia Jean Pierre, Jeanty Fils-Aime, Janise Midi, AnaVirginia Nolasco, Andrea Alezy, Rafaelito Pérez Charles, Víctor Jean, Marlene Mesidor y a los niños y niñas nacidos en República Dominicana Wilda Medina, Luis Ney Medina, Carolina Isabel Medina, Nene Fils-Aime, Diane Fils-Aime, Antonio Fils-Aime, Marilobi Fils-Aime, Endry Fils-Aime, Andren Fils-Aime, Juan Fils-Aime, Berson Gelin, Ana Lidia Sensión, Reyita Antonia Sensión2, Victoria Jean, Miguel Jean yNathalie Jean3 (en adelante “las presuntas víctimas”).

2. Los peticionarios alegaron que las presuntas víctimas fueron detenidas y, en menos de 24 horas, expulsadas arbitrariamente de la República Dominicana hacia Haití, sin previo aviso, audiencia u oportunidad de recoger sus pertenencias o contactar a sus familias, situación que les provocó graves perjuicios, que incluyeron pérdidas materialesy un intenso sufrimiento personal. Agregaron que las expulsiones se realizaron sin garantías de debido proceso, no se adoptaron medidas para proteger el interés superior de los niños y niñas, y no existió un recurso judicial efectivo en el derecho interno que les permitiera impugnar la decisión de las autoridades dominicanas de expulsarlos o cuestionar la ilegalidad de su detención. Tambiénargumentaron que estas expulsiones forman parte de una práctica del Estado dominicano de sistemática y colectiva deportación de personas que se presumen de origen haitiano, práctica que se lleva a cabo utilizando “perfiles raciales basados en la presunta nacionalidad de la víctima” y es, por lo tanto, discriminatoria. Asimismo, sostuvieron que las autoridades dominicanas mantienen a los dominicanos deorigen haitiano y a los haitianos que residen en República Dominicana indocumentados, circunstancia que los coloca en una situación de riesgo ante posibles expulsiones.

3. Por su parte, el Estado reafirmó que la repatriación de extranjeros que se encuentran ilegalmente en territorio dominicano es un derecho irrenunciable e innegociable del Estado dominicano, pues constituye uno de los atributosfundamentales de su soberanía y ello no viola ningún tratado o convención del cual el Estado sea parte. Asimismo, negó que se estuvieran produciendo repatriaciones colectivas e informó que existe un procedimiento de repatriación fundamentado en la ley e implementado por la Dirección General de Migración que garantiza el debido proceso de las personas objeto de repatriación, así como el...