civil

Constitucion y modelo económico
en Colombia: hacia una discusión
productiva entre economía y derecho1
Rodrigo Uprimny Y.*
César A. Rodríguez G.**

NÚMERO

2

D O C U M E N T O S
DE

DISCUSIÓN

1

Este artículo es el resultado preliminar de un trabajo más amplio, aún en curso, sobre la Constitución y la política
económica en Colombia. Esta versión está basada en Uprimny,Rodrigo, “Modelo Económico y Constitución”,
ponencia presentada en el seminario sobre el tema organizado por el Ministerio de Hacienda (Bogotá, septiembre
de 2004), complementada por la ponencia de César A. Rodríguez en el seminario “Constitución y Modelo Económico”, organizado por Fedesarrollo y el Observatorio de Justicia Constitucional de la Universidad de Los Andes
(Bogotá, 22 de noviembre de2005). Los comentarios son bienvenidos a r uprimny@djs.org.co y
cerodrig@uniandes.edu.co.

*

Profesor de la Universidad Nacional y Director del Centro Derecho, Justicia y Sociedad.

**

Profesor y Director del CIJUS de la Universidad de Los Andes, y miembro fundador del Centro Derecho, Justicia y
Sociedad.

Introducción
Uno de los debates académicos y públicos más interesantes de laúltima década en Colombia ha girado en torno a los alcances y la aplicación de las normas constitucionales sobre la economía. ¿Establece la Constitución de 1991 un modelo económico preciso? ¿El
equipo económico del gobierno está limitado por las normas constitucionales que consagran derechos afectados por las políticas económicas? ¿Qué normas constitucionales debe respetar el Congreso al expedirleyes en materias como la reforma tributaria, el Tratado de Libre Comercio (TLC) y la
reforma laboral? ¿En qué medida debe intervenir la Corte Constitucional en la política económica
para garantizar la supremacía la de la Constitución?
Estos y otros difíciles interrogantes han enfrentado a economistas y juristas durante los últimos
años. La controversia reaparece periódicamente a propósito defallos importantes de la Corte Constitucional sobre derechos económicos, desde el derecho a la vivienda, afectado por el sistema UPAC,
hasta los derechos fundamentales de los desplazados vulnerados por las deficiencias en las políticas
sociales que buscan atender las necesidades de esta población.
Tras casi diez años de discusión, ¿cuál es el balance de este interesante intercambio disciplinario?Desde nuestro punto de vista, el debate ha tenido tres etapas. La primera fue una fase de
observación mutua, en la que juristas y economistas comenzaron a acercarse al tema y a discutirlo
dentro de sus respectivos círculos disciplinarios, pero sin establecer mayor contacto con sus pares en
la otra disciplina. Muestra de estos esfuerzos pioneros y aislados –que tuvieron lugar desde la expediciónde la Constitución de 1991 hasta finales de la década pasada— fue, de hecho, el Observatorio
de Justicia Constitucional de la Universidad de Los Andes (1998), que hoy es uno de los co-organizadores del diálogo contenido en esta revista.
Tras estos primeros intentos, surgió una candente discusión entre académicos y profesionales
de ambas disciplinas, que se extendió aproximadamente desde 1998hasta 2004. Esta segunda fase
se caracterizó por el tono polémico y defensivo de la conversación, animada por el deseo de unos y
otros de reivindicar los supuestos metodológicos y las tesis sustantivas de sus respectivas disciplinas.
Aunque muy fructífera en términos de publicaciones2 y foros, esta etapa se aproximó más a un
diálogo de sordos que a un intercambio de ideas y propuestas genuino yconstructivo.
Sin embargo, las acaloradas discusiones sobre fallos controvertidos que la Corte Constitucional
expidió en ese período, sirvieron para que economistas y juristas entraran en contacto y comenza2

Véanse, entre muchos otros, Arango (2001), Carrasquilla (2001), Clavijo (2001) y Kalmanovitz (2001).

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