Coactiva

La Coactiva: ¿Juicio o procedimiento administrativo?
PARA QUIENES NOS DEDICAMOS A LAS LABORES JURÍDICAS, es frecuente encontrar disposiciones legales que confunden o demuestran una errónea concepción de la naturaleza de las instituciones o de los conceptos jurídicos. Sin duda, esta situación traduce una especial dificultad para el Juez o el Magistrado, quienes tienen la obligación de resolverlas causas fundándose en la Ley y en los méritos del proceso, como reza el artículo 278 del Código de Procedimiento Civil. Planteada esta problemática, es necesario salir al encuentro de aquellas fallas de nuestra legislación positiva, amparados en la doctrina más autorizada y en análisis de la normativa correspondiente. Así, el presente artículo pretende aclarar la verdadera naturaleza de lacoactiva, la cual ha despertado polémica en el foro ecuatoriano habida cuenta del contenido de la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta de la Constitución de la República, que manda que todos los magistrados y jueces que dependan de la Función Ejecutiva pasen a la Función Judicial, y que si otros funcionarios públicos tuvieren entre sus facultades la de administrar justicia en determinada materia, laperderán, y se la trasladará a los correspondientes órganos de la Función Judicial.
El privilegio de Autotutela de la Administración Pública
La Administración Pública ostenta, para la consecución de los fines y de los cometidos que le compete cumplir, de un medio que le es natural e indispensable: el poder público. Esta verdad indiscutible, coloca a la Administración Pública en una especialposición frente a la Función Judicial pues, a diferencia de lo que ocurre con los particulares, no tiene la carga de acudir al Juez para dotar de fuerza ejecutoria a sus actos y resoluciones; para hacerlos exigibles e imponerlos al súbdito; para exigir su cumplimiento incluso con el uso de la coacción -que si se encuadra en los cánones legales, siempre será legítima-; o para revocarlos por sí misma -locual sucederá siempre que no se haya creado una situación jurídica particular o reconocido un derecho. -Las decisiones de la Administración Pública son ejecutoriadas por sí mismas, por propia autoridad, se presumen legítimas, obligan sin necesidad de auxilio judicial, y se pueden hacer cumplir de oficio. Estas prerrogativas, que la Doctrina ha denominado como Privilegio de Autotutela oAutodefensa Administrativa, consisten, en síntesis, en la capacidad que tiene la Administración Pública para tutelar por sí misma sus propias situaciones jurídicas, incluso sus pretensiones innovativas del statu quo, eximiéndose de este modo de la necesidad de recabar tutela judicial, lo cual es lógica consecuencia de lo que ya se advirtió: la Administración Pública está investida de poder público.1
Elprincipio de Unidad de Jurisdicción
El artículo 1 del Código de Procedimiento Civil define a la Jurisdicción como el "poder de administrar justicia", y agrega que "(....) consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde a los magistrados y jueces establecidos por las leyes". Ahora bien, la Constitución de la República haestablecido como postulado que rige nuestro Sistema Procesal al principio de Unidad de Jurisdicción, el cual implica el impedimento de ejercer facultades jurisdiccionales por parte de los órganos que se encuadran en la Función Ejecutiva. Tal principio caracteriza a nuestra organización jurisdiccional como eminentemente judicialista, a diferencia de otros países -verbigracia Francia-, en donde es elConsejo de Estado quien juzga a la Administración, y por estar dicho órgano vinculado o formando parte de ésta, a más de separado de la Función Judicial, ha sido criticado duramente por la Doctrina con el argumento de que existe al mismo tiempo juez y parte.2. Serían estas razones las que explicarían el contenido del inciso primero de la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta de la Constitución de...