Colaboraci N Revista Socios Coparticipaci N Federal

El federalismo es un sistema inviable si las potestades sobre los tributos más relevantes financieramente son manejadas de forma centralizada.
Ambos niveles de Estados deben subsistir con sus propios recursos porque como lo definió la Suprema Corte de Estados Unidos en el siglo XIX, el sistema federal supone la “Unión indestructible de Estados indestructibles”.
La autonomía provincial implica lapotestad de elegir sus autoridades, tomar decisiones de gobierno sin consultar a poderes externos, organizar su administración pública, asegurar la prestación de los servicios básicos e incluso darse sus propias instituciones sin intervención del Estado central.
Sin embargo, el proyecto federal no tiene destino con provincias sin recursos financieros. Y cuando decimos esto no nos referimos a ladisponibilidad de recursos concedidos como una contribución dadivosa del poder nacional, sino al programa constitucional que desde 1853 pensó un país con Estados provinciales dotados de poder tributario propio.
Del mismo modo que un joven que se va de su casa adquiere una vida realmente independiente cuando deja de recibir dinero de sus padres y pasa a ganárselo con su trabajo, la autonomía de unaprovincia no se mide en términos de cuánto “recibe” del gobierno federal, sino de lo que es capaz de generar por sus propios medios, fundamentalmente a través del ejercicio de su propia política tributaria.
La política tributaria le permite tanto hacerse de recursos por su propio derecho, como así también generar bienestar social y desarrollo económico al emplearla para promover (o desalentar)determinadas actividades, mediante exenciones, regímenes de diferimiento fiscal u otros instrumentos vinculados a la finalidad extrafiscal de los tributos.
Por esto mismo, el programa constitucional diseñado desde la organización nacional en 1853 fue más allá de imaginar un federalismo meramente declamativo o retórico, para reconocer potestades tributarias a las provincias. Esto es, la competenciapara crear, suprimir, eximir, modificar, ampliar y reducir impuestos, sin pedir para ello licencia o permiso a nadie más que al pueblo de cada provincia representado en sus respectivas legislaturas.
La clave de este diseño de poder fue plasmado en lo que hoy es el art. 75 incs. 1 y 2 de la Constitución Nacional, y básicamente puede resumirse de este modo: los tributos externos vinculados al comercioexterior (por ej. derechos de exportación e importación) son de competencia exclusiva del Estado federal; los impuestos internos directos (por ej. el impuesto a las ganancias) son de competencia exclusiva de las provincias y los impuestos internos indirectos (por ej. el IVA) son de competencia concurrente entre la Nación y las provincias.
Como puede verse, en el “deber ser” el grueso de lasatribuciones impositivas que gravan las relaciones económicas realizadas al interior del territorio nacional fueron puestas por la Constitución en cabeza de los Estados provinciales, mientras que el único recurso exclusivo para la Nación proviene de los tributos sobre el comercio exterior.
Esta solución no fue casual: la Constitución se sancionó luego de décadas de luchas entre unitarios y federales, yconsagró el ideario de estos últimos. No se buscó provincias adocenadas ni gobernadores delegados del poder central, sino Estados locales vigorosos que como expresa el art. 121 conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal.
No obstante y quizá sin advertir que a lo largo de nuestra historia las excepciones se terminan convirtiendo en regla, el constituyente de 1853dejó en el inc. 2 del art. 75 (originalmente art. 64 inc. 2 que pasó a ser art. 67 inc. 2 luego de la reforma que incorporó al Estado de Buenos Aires a la Confederación Argentina en 1860) un resquicio por donde se coló el virus de la destrucción del federalismo: la cláusula dispuso que el Congreso de la Nación podía legislar sobre impuestos directos como una atribución excepcional, por tiempo...