Colegio Público de Abogados de Capital Federal resumen

Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/ EN - 04/11/20008
Hechos
Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto había hecho lugar a la acción de amparo promovida por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y declaró que quienes ejercen la abogacía a favor del EN están obligados acumplir con la ley 23.187 que ordena la instalación y funciones del referido Colegio.

Argumentos de las partes
Cámara:
Eran Inválidos los art. 3º y 5º del decreto 1204/01 en la medida que pretenden relevar a los abogados del estado de la obligación de inscribirse en la matrícula que la ley 23.187 pone a cargo del Colegio y de pagar el derecho fijo establecido por su art. 51
Demandada:
Sostuvo quela ley 23.187 se refiere solamente a la abogacía privada, mientras que el decreto 1207/01 reglamenta el ejercicio de la abogacía pública, es decir, la que ejercen los abogados del Estado. Esta materia está comprendida en la “zona de reserva de la administración”, es competencia exclusiva del PE
Sostiene que el decreto 1204/01 es válido pues el Presidente lo dicto en uso de las atribucioneslegislativas que le había delegado el Congreso en el art. 1º de la ley 25.414
Corte
4º) El argumento central de la decisión judicial radicó en que el Presidente no se encontraba habilitado por el Congreso para dictar disposiciones de carácter legislativas contrarias a la ley nacional 23.187. Rechazó la pretensión de que tal autorización pudiese hallarse en el art. 1º f. de la ley 25.414, puesto que no seha demostrado en que afecta la eficiencia de la administración que los profesionales pertenecientes al cuerpo de abogados del Estado cumplan con la obligación legal de matricularse en el distrito.
Consideró además que la exención a los abogados del Estado de pagar el derecho fijo por su actuación judicial no es transitoria, como deben serlo las medidas de emergencia, sino que es definitiva y porende, irrazonable.
6º) Es incorrecto afirmar que el presidente al dictar el decreto haya hecho uso de competencia exclusiva , por el contrario, el régimen de los abogados del Estado, es una materia que ha sido regulada por leyes del Congreso cuya validez no es materia de controversia.
Además los art.3º y 5º no encuentran convalidación en la delegación de facultades legislativas contenidas enel art. 1º, inciso I, apartado f de la ley 25.414.
7º) Razones que refutan la tesis sostenida por la parte recurrente:
El ejercicio de la abogacía ha sido materia reglada por el Congreso desde los orígenes mismos de la organización nacional.
Las leyes que han establecido un marco para el desempeño de los abogados del estado no han sido cuestionadas por invadir una esfera reservada al Ejecutivo,sino, por el contrario, la ley sancionada por el Congreso fue invocada por la demandada en su favor. Tampoco se ha puesto en tela de juicio la constitucionalidad de la ley 23.187, incluso en aquellos pasajes de los escritos presentados por la demandada que reconocen su aplicación a los abogados del estado.
La ley 23.187 no hace en su texto la distinción pretendida por la recurrente entre abogacíaprivada y pública, a lo cual debe sumarse que desde su sanción, en 1985, los abogados del estado cumplieron con las obligaciones tanto de matricularse como de pagar el derecho fijo. Ambas circunstancias configuran una clara indicación de que, para usar las palabras de la misma parte demandada “las normas referidas a la colegiación obligatoria en el ámbito de la Capital Federal, y al ejercicio delpoder de policía profesional por parte de la entidad accionante proyectaban sus efectos sobre los abogados integrantes del cuerpo”
8º) La cuestión a tratar por la Corte es si el decreto puede ser justificado como el ejercicio válido de las atribuciones legislativas delegadas al presidente por el Congreso a través del art. 1º f de la ley 25.414.
9º) Que con un lenguaje firme y explícito la CN...