Colombia
Páginas: 18 (4445 palabras)
Publicado: 17 de mayo de 2011
A Marco Aurelio lo mataron un domingo 26 de octubre de 1997, a una cuadra de la plaza de ese caserío de páramo, frío y nublado, con una calle larga empedrada que empataba con la iglesia, a donde sólo se podía llegar después de siete horas de camino de mula, cuesta arriba por una montaña quebrada de arroyos de aguas limpias. Su cadáver quedó al borde del cementerio, que junto con una escuela,cuatro plantas eléctricas, una cabina telefónica, dos cantinas, y la dos tiendas de Marco Aurelio, formaban todo el equipamento urbano.
No fue el primer caído, ni tampoco el último. La masacre, planeada varios días antes, lejos de allí, había empezado tres días antes, y duró cuatro días más. La cometieron 150 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), también conocidos en laregión como los ‘mochacabezas’.
Con todo la parsimonia del caso, como a sabiendas de que nada les impediría su calculada carnicería, cazaron, torturaron y vejaron a sus 17 víctimas, quemaron 42 de las 60 viviendas, se robaron 1.200 reses y forzaron a 702 habitantes a salir huyendo para salvar la vida.
Por la fría sevicia de los verdugos que sometieron y humillaron a la población, y por laabsoluta desprotección en la que la dejó la fuerza pública que en siete días nunca acudió en su ayuda, la masacre de El Aro queda en la memoria de los colombianos como una de las más crueles. Aun así, hoy, once años después sigue en gran parte impune.
Hubo tres sentencias, proferidas en un solo fallo del 22 de abril de 2002, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Antioquia: contra CarlosCastaño Gil y Salvatore Mancuso Gómez, condenados a 40 años de prisión, como determinadores del homicidio agravado, desplazamiento forzado, y del hurto calificado y agravado en esos parajes montañosos de Ituango.
Carlos Castaño no cumplió la condena pues fue asesinado en abril de 2004. Y a Salvatore Mancuso, el gobierno colombiano lo extraditó en mayo de 2008 para que fuera juzgado primero por eldelito de exportación de cocaína a Estados Unidos. La otra condena, a 33 años y cuatro meses de prisión, recayó sobre Francisco Enrique Villalba Hernández, conocido en las filas de las Accu como Cristian Barreto quien, movido por sus culpas, se entregó a la Fiscalía casi cuatro meses después de la masacre.
La justicia sólo abrió investigación penal a dos militares: al teniente del EjércitoEverardo Bolaños Galindo, detenido hasta hace algunos meses en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), y al cabo primero Germán Alzate Cardona, conocido como ‘Rambo’, quien está prófugo. A ambos, la Procuraduría General los destituyó y sancionó disciplinariamente por haber “colaborado y facilitado”, con conocimiento de causa, la incursión paramilitar.
El 10 de agosto de 2001 laProcuraduría archivó la investigación disciplinaria contra el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, comandante de la IV Brigada para la época, y luego hizo lo mismo en el proceso al que estaba vinculado el teniente coronel Germán Morantes Hernández, ex comandante del Batallón Girardot, con jurisdicción en el norte de Antioquia.
El primero de julio de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), de la OEA, condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización cercana a 3.400 millones de pesos a favor de 123 familiares de las víctimas de El Aro. Le ordenó que les rindiera un homenaje público y le pidió que persiguiera a quienes tuvieron responsabilidad en los hechos y hoy siguen libres.
Para la CIDH, quedó demostrada la responsabilidad del Estado, por acción y omisión, enespecial, en la violación “a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad privada y la circulación y residencia”.
El buen vecino está muerto
Liliana Amparo Areiza, de 31 años, una de las hijas del primer matrimonio del tendero Marco Aurelio, les dijo después a los investigadores de la Fiscalía que ella supo que los paramilitares iban para El Aro con malas intenciones,...
No fue el primer caído, ni tampoco el último. La masacre, planeada varios días antes, lejos de allí, había empezado tres días antes, y duró cuatro días más. La cometieron 150 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), también conocidos en laregión como los ‘mochacabezas’.
Con todo la parsimonia del caso, como a sabiendas de que nada les impediría su calculada carnicería, cazaron, torturaron y vejaron a sus 17 víctimas, quemaron 42 de las 60 viviendas, se robaron 1.200 reses y forzaron a 702 habitantes a salir huyendo para salvar la vida.
Por la fría sevicia de los verdugos que sometieron y humillaron a la población, y por laabsoluta desprotección en la que la dejó la fuerza pública que en siete días nunca acudió en su ayuda, la masacre de El Aro queda en la memoria de los colombianos como una de las más crueles. Aun así, hoy, once años después sigue en gran parte impune.
Hubo tres sentencias, proferidas en un solo fallo del 22 de abril de 2002, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Antioquia: contra CarlosCastaño Gil y Salvatore Mancuso Gómez, condenados a 40 años de prisión, como determinadores del homicidio agravado, desplazamiento forzado, y del hurto calificado y agravado en esos parajes montañosos de Ituango.
Carlos Castaño no cumplió la condena pues fue asesinado en abril de 2004. Y a Salvatore Mancuso, el gobierno colombiano lo extraditó en mayo de 2008 para que fuera juzgado primero por eldelito de exportación de cocaína a Estados Unidos. La otra condena, a 33 años y cuatro meses de prisión, recayó sobre Francisco Enrique Villalba Hernández, conocido en las filas de las Accu como Cristian Barreto quien, movido por sus culpas, se entregó a la Fiscalía casi cuatro meses después de la masacre.
La justicia sólo abrió investigación penal a dos militares: al teniente del EjércitoEverardo Bolaños Galindo, detenido hasta hace algunos meses en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), y al cabo primero Germán Alzate Cardona, conocido como ‘Rambo’, quien está prófugo. A ambos, la Procuraduría General los destituyó y sancionó disciplinariamente por haber “colaborado y facilitado”, con conocimiento de causa, la incursión paramilitar.
El 10 de agosto de 2001 laProcuraduría archivó la investigación disciplinaria contra el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, comandante de la IV Brigada para la época, y luego hizo lo mismo en el proceso al que estaba vinculado el teniente coronel Germán Morantes Hernández, ex comandante del Batallón Girardot, con jurisdicción en el norte de Antioquia.
El primero de julio de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), de la OEA, condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización cercana a 3.400 millones de pesos a favor de 123 familiares de las víctimas de El Aro. Le ordenó que les rindiera un homenaje público y le pidió que persiguiera a quienes tuvieron responsabilidad en los hechos y hoy siguen libres.
Para la CIDH, quedó demostrada la responsabilidad del Estado, por acción y omisión, enespecial, en la violación “a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad privada y la circulación y residencia”.
El buen vecino está muerto
Liliana Amparo Areiza, de 31 años, una de las hijas del primer matrimonio del tendero Marco Aurelio, les dijo después a los investigadores de la Fiscalía que ella supo que los paramilitares iban para El Aro con malas intenciones,...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.