Comentario De La Stc 164/1991
Páginas: 10 (2428 palabras)
Publicado: 20 de abril de 2012
COMENTARIO DE LA SENTENCIA 164/2001 DE 11 DE JULIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La Sentencia 164/2001, de 11 de julio, del Tribunal Constitucional (STC) se dictó como consecuencia de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los Grupos Socialista, de Izquierda Unida y Mixto del Congreso de los Diputados, así como por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y elParlamento de la Comunidad Foral de Navarra contra gran parte del articulado de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen de Suelo y Valoraciones (LRSV) Esa impugnación fue criticada por dos motivos fundamentalmente: en primer lugar, por su motivación política, ya que, a excepción del Parlamento foral navarro, los demás recurrentes pertenecen a distinto partido del partido en el gobierno en aquelmomento, y encargado por tanto de la redacción del proyecto de ley, el Partido Popular (PP) y, en segundo lugar, por centrarse los recursos mayoritariamente en la vulneración del reparto de competencias establecido constitucionalmente.
La STC 164/2001 viene a profundizar la senda marcada por la anterior STC de 1997 dictada en relación al Real Decreto Legislativo 1/1992, por el que se aprueba el TextoRefundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TRLS) y que configuró la doctrina constitucional en relación a la distribución competencial en el ámbito urbanístico, materia que, como ya queda dicho, era sobre la que versaban los recursos resueltos por la STC de 2001. No obstante, en este caso, se anularon muchos menos preceptos de la ley estatal en gran parte por el esfuerzodel legislador en acomodar el nuevo texto a la doctrina del TC expresada en 1997, resultando un texto legal que no intentaba, a diferencia del TRLS de 1992, ofrecer un cuerpo normativo integral para el urbanismo.
De este modo, finalmente, y a pesar de haber sido recurridos artículos que constituían tres cuartas partes de la LRSV, finalmente sólo dos de ellos fueron declarados inconstitucionalesy, por tanto, nulos: el 16.1 y el 38, además de la Disposición Final Única, por medio de la cual el Estado identifica los títulos competenciales conforme a los cuales se aprueba cada precepto de la Ley.
En lo referente a esta última disposición, indicar que su declaración de inconstitucionalidad es consecuencia única y exclusivamente de la catalogación como nulos de los artículos 16.1 y 38, ysólo afecta a lo relativo a los mismos, es pues una declaración de inconstitucionalidad parcial.
Antes de analizar las razones por las que se anula cada uno de los artículos mencionados, resaltar que esta STC sigue, como ya queda dicho, el camino trazado por la anterior de 1997 sobre todo en dos aspectos fundamentales: por un lado, la reserva al Estado de la regulación de las condicionesmínimas para el ejercicio del derecho a la propiedad y de las garantías expropiatorias, y, por el otro, la atribución a las Comunidades Autónomas de las competencias urbanísticas.
Además, esta STC efectúa una labor relevante de interpretación ante la impugnación de la utilización de términos tales como “planeamiento general”, “planeamiento de desarrollo”, “planes de ordenación territorial”,“legislación sectorial”, “planeamiento sectorial”, “sistemas generales” o “dotaciones públicas de carácter local”, impugnación basada en el hecho de que, al hacer referencia estos términos a la esfera material del urbanismo, deberían ser de utilización exclusiva por la legislación autonómica.
En este sentido, el punto primero del fallo del Tribunal Constitucional no va tan lejos, lo cual parece razonable,declarando que los términos citados se deben interpretar de acuerdo a diversos fundamentos jurídicos de la propia STC (concretamente el 14, el 16, el 21, el 25, el 29, y el 30) que tienen como característica común establecer que dichos términos no vulneran la distribución competencial constitucional al no coartar en lo más mínimo la acción del legislador autonómica, con lo que pueden ser de...
La Sentencia 164/2001, de 11 de julio, del Tribunal Constitucional (STC) se dictó como consecuencia de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los Grupos Socialista, de Izquierda Unida y Mixto del Congreso de los Diputados, así como por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y elParlamento de la Comunidad Foral de Navarra contra gran parte del articulado de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen de Suelo y Valoraciones (LRSV) Esa impugnación fue criticada por dos motivos fundamentalmente: en primer lugar, por su motivación política, ya que, a excepción del Parlamento foral navarro, los demás recurrentes pertenecen a distinto partido del partido en el gobierno en aquelmomento, y encargado por tanto de la redacción del proyecto de ley, el Partido Popular (PP) y, en segundo lugar, por centrarse los recursos mayoritariamente en la vulneración del reparto de competencias establecido constitucionalmente.
La STC 164/2001 viene a profundizar la senda marcada por la anterior STC de 1997 dictada en relación al Real Decreto Legislativo 1/1992, por el que se aprueba el TextoRefundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TRLS) y que configuró la doctrina constitucional en relación a la distribución competencial en el ámbito urbanístico, materia que, como ya queda dicho, era sobre la que versaban los recursos resueltos por la STC de 2001. No obstante, en este caso, se anularon muchos menos preceptos de la ley estatal en gran parte por el esfuerzodel legislador en acomodar el nuevo texto a la doctrina del TC expresada en 1997, resultando un texto legal que no intentaba, a diferencia del TRLS de 1992, ofrecer un cuerpo normativo integral para el urbanismo.
De este modo, finalmente, y a pesar de haber sido recurridos artículos que constituían tres cuartas partes de la LRSV, finalmente sólo dos de ellos fueron declarados inconstitucionalesy, por tanto, nulos: el 16.1 y el 38, además de la Disposición Final Única, por medio de la cual el Estado identifica los títulos competenciales conforme a los cuales se aprueba cada precepto de la Ley.
En lo referente a esta última disposición, indicar que su declaración de inconstitucionalidad es consecuencia única y exclusivamente de la catalogación como nulos de los artículos 16.1 y 38, ysólo afecta a lo relativo a los mismos, es pues una declaración de inconstitucionalidad parcial.
Antes de analizar las razones por las que se anula cada uno de los artículos mencionados, resaltar que esta STC sigue, como ya queda dicho, el camino trazado por la anterior de 1997 sobre todo en dos aspectos fundamentales: por un lado, la reserva al Estado de la regulación de las condicionesmínimas para el ejercicio del derecho a la propiedad y de las garantías expropiatorias, y, por el otro, la atribución a las Comunidades Autónomas de las competencias urbanísticas.
Además, esta STC efectúa una labor relevante de interpretación ante la impugnación de la utilización de términos tales como “planeamiento general”, “planeamiento de desarrollo”, “planes de ordenación territorial”,“legislación sectorial”, “planeamiento sectorial”, “sistemas generales” o “dotaciones públicas de carácter local”, impugnación basada en el hecho de que, al hacer referencia estos términos a la esfera material del urbanismo, deberían ser de utilización exclusiva por la legislación autonómica.
En este sentido, el punto primero del fallo del Tribunal Constitucional no va tan lejos, lo cual parece razonable,declarando que los términos citados se deben interpretar de acuerdo a diversos fundamentos jurídicos de la propia STC (concretamente el 14, el 16, el 21, el 25, el 29, y el 30) que tienen como característica común establecer que dichos términos no vulneran la distribución competencial constitucional al no coartar en lo más mínimo la acción del legislador autonómica, con lo que pueden ser de...
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