Comentario sentencia Francovich

Caso práctico 3

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Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 1991.
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Respectivamente, los demandantes Andrea Francovich y Danila Bonifaci y otros demandaron a la República italiana, debido a que no estaban de acuerdo con las resoluciones obtenidas en 1989 por los Tribunales nacionales de Vicenza y Bassano de Grappa. Por tanto, en
1990, presentaron diversascuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia sobre la
interpretación del párrafo tercero del artículo 189 del Tratado CEE, así como de la directiva
80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en
caso de insolvencia del empresario.

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Los hechos quemotivaron la sentencia fueron:
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El señor Francovich había trabando para la empresa ‘CDN electrónica snc’, la cual no pudo
realizar el pago de sus prestaciones adeudadas y, el Francovich interpuso una demanda a
la empresa ante la prematura de Vicenza. Sin embargo, al no conseguir el pago de su salario, el demandante invoco entonces el derecho a obtener del Estado italiano las garantías
que leotorgaba la Directiva 80/987/CE, o en su caso, una idealización. En una situación similar se encontraba la Señora Danila Bonifaci y otros trabajadores, que interpusieron ante
la Prelatura de Bassano del Grapa una demanda donde indicaban la prestación de servicios
que habían realizado a la empresa Gaia Confesion SRL’ declarada en quiebra y, por tanto,
incapaz de hacer frente a las deudas. Enconsecuencia, también demandaron al Estado italiano las prestaciones de la directiva mencionada antes, o en su defecto, una indemnización por los daños causados.

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La directiva mencionada pretendía garantizar a los trabajadores un mínimo comunitario de
protección en caso de insolvencia del empresario y, en este caso, prever garantías en el
pago de sus créditos impagados en lo que se refiere a laretribución. Según el artículo 11
de la Directiva en cuestion, los estados debían establecer las disposiciones para adecuarse
a ella antes de un plazo que expiraba el 23 de octubre de 1983. Sin embargo, el Estado italiano no cumplió esta obligación en el paso impuesto y, el Tribunal de Justicia declaró su
incumplimiento en una sentencia el 2 de febrero de 1989.

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Ante esta situación, elTribunal de Justicia declaró lo siguiente:
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En primer lugar, el Tribunal de Justicia se detiene en la cuestión de si las garantías otorgadas por la Directiva son lo suficiente claras y precisas. Posteriormente, hace hincapié en el
principio de efecto directo de las Directivas, aún a falta de transposición por los Estados
miembros. Además, afirma la determinación de las garantías, ya que el jueznacional solo

debe determinar si los demandantes se encuentran dentro del concepto de trabajador asalariado.
Por otro lado, el Tribunal de Justicia concluye que la directiva es lo suficientemente precisa
e incondicional, incluida la facultad de que el Estado elija el grado en el que asume la directiva. Sin embargo, esto no puede ser objeto de excusa para su incumplimiento y no excluye
laposibilidad de alegar ante los órganos jurisdiccionales los derechos a favor de los particulares.

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No obstante lo anterior, el Tribunal argumentará que los particulares no pueden invocar las
garantías que le confiere la Directiva 80/987, pues pese a contener derechos suficientemente determinados, precisos e incondicionales, ésta no precisa quien es el obligado a dicho
pago, ni siquiera en elcaso que el Estado opte por el régimen de organización del sistema
financiado íntegramente por él.

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Por otra parte, el Tribunal aclara que el principio de la responsabilidad de los Estados se
funda en la primacía del derecho comunitario y en la construcción de un ordenamiento jurídico propio, que puede crear derechos y obligaciones tanto para los estados miembros
como para los...