Comercio Exterior

opEra,Nº8

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Competencia del estatuto orgánico de presupuesto respecto de las universidades públicas del orden nacional
mónica maría vargas huertas*

INtroDuCCIóN

En desarrollo de la autonomía universitaria y en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 69 de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley 30 de 1992 “por la cual se organiza el serviciopúblico de la educación superior”, y amplió, en su artículo 28, el concepto de autonomía como condición esencial de las universidades, sean públicas o privadas y reconociendo, entre otros, el derecho a “establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. Arbitrar quiere decir ‘proceder libremente según su deseo’ y aplicar susrecursos significa que todos los recursos disponibles se distribuyen según las necesidades y prioridades establecidas

en forma totalmente autónoma y sin la intervención de ningún otro ente estatal o privado. Sin embargo, esta autonomía, es real cuando se trata de recursos provenientes de transferencias corrientes, o de los recursos propios generados por la actividad docente, de investigación oextensión, mas no para los recursos que vienen atados con ‘destinación específica’ para gastos de inversión, a los que muchas veces las universidades deben someterse cumpliendo una serie de requisitos para acceder a ellos. Sin embargo, con la expedición de la Ley 179 de 1994 y recopilada por el Decreto 111 de 1996, se integra el Estatuto Orgánico de Presupuesto vigente, el cual establece una ‘ficciónjurídica’, contenida en el artículo 4º del Decreto 111 de 1996, al disponer:

magíster en gobierno y políticas públicas y especialista en derecho de los negocios. Experiencia en el campo del derecho comercial, administrativo, contratación estatal y auditoría fiscal, entre otros. Correo electrónico: monickvar@yahoo.com

* Artículo recibido el 24 de noviembre de 2006. Aprobado el 26 de enero de 2007.Abogada, aspirante a

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“ARTÍCULO 4º. Para efectos presupuestales, todas las personas jurídicas públicas del orden nacional, cuyo patrimonio esté constituido por fondos públicos y no sean empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta o asimiladas a estas por la Ley de la República, se les aplicarán las disposiciones que rigen los establecimientos públicosdel orden nacional. “ ARTÍCULO 5º. Esta Ley Orgánica del Presupuesto, su reglamento, las disposiciones legales que ésta expresamente autorice, además de lo señalado en la Constitución, serán las únicas que podrán regular la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del Presupuesto, así como la capacidad de contratación y la definición del gasto público social. Enconsecuencia, todos los aspectos atinentes a estas áreas en otras legislaciones quedan derogados”.

Según lo anterior, y en relación con las personas jurídicas que integran el presupuesto de la nación, distintas a las expresamente excluidas por esta ley orgánica –empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta o asimiladas–, les sería aplicable en todos losaspectos relacionados con la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto, lo dispuesto para los establecimientos públicos del orden nacional. No obstante, la aplicabilidad exegética de esta disposición jurídica ha sido objeto de múltiples cuestionamientos en relación con los organismos autónomos del orden nacional, que derivan su autonomía de disposiciones constitucionales. Tal es el caso delas Corporaciones

Autónomas Regionales, CAR, que siendo personas jurídicas públicas del orden nacional, cumplen cometidos públicos de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía. En relación con estas corporaciones, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-275 de 1998, magistrado ponente doctora Carmenza Isaza de Gómez,...