Como promover una cultura de respeto a las diferencias y de rechazo al discriminación

En el artículo 1 constitucional, particularmente en el párrafo 3o. y 5o. se establecen disposiciones fundamentales que todas las autoridades del Estado mexicano deben asumir para garantizar los derechos humanos en condiciones de igualdad y sin discriminación:
"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechoshumanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
(...) "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condiciónsocial, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".
Esto es, todas las autoridades públicas deberán observar las obligaciones mencionadas en relación con los derechos humanos, sin ningún tipo dediscriminación, incluyendo la que se produzca por la condición social o cualquier otra que anule o menoscabe los derechos de las personas. La acción del Estado es fundamental no sólo en razón de abstenerse de discriminar por cualquier vía, sino en relación con la activa tarea de crear igualdad de condiciones y oportunidades entre las personas, en lo individual y colectivo, y a través del trato igualitario queel propio Estado debe garantizar a la sociedad, como destinataria de las políticas y acciones.
En este sentido, el derecho a la igualdad y no discriminación constituye uno de los principios y fundamentos centrales de los derechos humanos, por ello es de vital importancia que todas las instituciones públicas participen en su cumplimiento. Los esfuerzos que han emprendido las instituciones delEstado mexicano y la sociedad para ir dando contenido a esta gran reforma constitucional, han implicado acciones importantes, aunque incipientes aún. Gran parte de estas acciones han dado lugar al reconocimiento formal de los derechos, a través de leyes, normas, sentencias, creaciones o modificaciones organizacionales, en el ámbito de los tres poderes del Estado.
La Suprema Corte de Justicia de laNación (SCJN) ha incorporado en sus herramientas de impartición de justicia diversos elementos sustantivos del contenido y alcance del derecho a la igualdad y no discriminación, relacionados por ejemplo con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad o la provisión de seguridad social a parejas del mismo sexo, e incluso ha generado protocolos de actuación de impartidores justicia en casosque afectan tanto a la infancia y adolescencia, como a personas, comunidades y pueblos indígenas, considerando el principio antidiscriminatorio y de igualdad de trato.(2)
En relación con el Poder Legislativo, las reformas constitucionales de 2001 y 2011 incorporaron la cláusula antidiscriminatoria y los principios de igualdad formal y material, las obligaciones de derechos humanos y la adición dela preferencia sexual como motivo expreso de prohibición de la discriminación. Además de la creación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) en 2003 y su reciente reforma aprobada en febrero de 2014, que fortalece las herramientas antidiscriminatorias, se generaron leyes de protección específica a diversas poblaciones.(3) A la fecha, 19 constituciones locales hanincorporado cláusulas antidiscriminatorias y se han promulgado 25 leyes antidiscriminatorias en las entidades federativas.(4)
Asimismo, en la última década han sido creadas o reformadas instituciones dedicadas a atender la situación específica de poblaciones discriminadas, entre otras: el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM),...