Conf Present Viquez

“Régimen penal anticorrupción en Costa Rica y los retos en la cooperación internacional para
su efectividad “.
Ronald Víquez Solís
Acorde con el creciente interés que a nivel internacional impulsa la lucha contra la corrupción,
Costa Rica, a partir de los años noventa, en un genuino esfuerzo y en consonancia con las tendencias
mundiales en este tema, modifica su marco jurídico y fortalece losórganos encargados de esta materia.
Concretamente, a través de la ley 8221 se crea la Fiscalía Penal de Hacienda y de la Función Pública y
en sesión 34-97 del 20 de octubre de 1997 de la Corte Plena del Poder Judicial, se instaura la Fiscalía
Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios. La Procuraduría de la Ética Pública nace
mediante ley 8224, como un órgano especializado en la luchacontra la corrupción. Por su parte, con la
ley 8275 se establece la Jurisdicción Penal de Hacienda cuya competencia especializada abarca
delitos funcionales y de corrupción.
Aparte de esta creación de órganos especializados, se da también, en ese período, una
modificación al ordenamiento jurídico en cuanto se precisan algunos tipos penales directamente
relacionados con el fenómeno, así como lacreación de nuevas figuras jurídicas dirigidas al combate
de la corrupción. Contamos básicamente con dos cuerpos normativos que compilan las diferentes
tipologías reseñadas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por nuestro
país en 1997.
En primer término, el Código Penal de 1970, en su Libro Segundo Capítulo XV, Delitos
contra los deberes de la función pública, contiene ysanciona- entre otros- los ilícitos de abuso de
autoridad, incumplimiento de deberes, cohecho propio e impropio, y la aceptación de dádivas por acto
cumplido, la corrupción de funcionarios, la concusión y la exacción, así como el enriquecimiento
ilícito y las negociaciones incompatibles. Además, tipifica el peculado y la malversación y la
facilitación culposa de substracciones, el encubrimiento, lareceptación y el favorecimiento en sus
distintas formas o modalidades. Se faculta a los jueces,- tratándose de estos delitos-, para imponer,
además de las penas consignadas en cada caso, la de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
El Código Procesal Penal establece la obligación de los funcionarios públicos de denunciar los
delitos perseguibles de oficio que conozcan en el ejercicio desus funciones, con la pretensión de que
se conviertan en los primeros aliados en la lucha anticorrupción.
En segundo lugar, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función
Pública, ley N. 8422 de 29 de octubre del 2004, contempla - en lo que interesa para esta charla - los
delitos de: falsedad en la declaración jurada de bienes propiedad de altos funcionarios públicos, lafalsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, el sobreprecio irregular, el pago irregular de
contratos administrativos, y el tráfico de influencias. Adicionalmente, se crean los delitos de:
legislación o administración en provecho propio, la prohibición posterior al servicio del cargo, la
apropiación de bienes obsequiados al Estado, la receptación, legalización o encubrimiento debienes y
el soborno transnacional. Por último, faculta imponer también como pena accesoria, una inhabilitación
de hasta diez años para ser designado en cargos públicos, incluso para los de elección popular.

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Esta ley, al igual que lo plantea la Convención Interamericana Contra la Corrupción, tiene
como fin: prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública. Talesobjetivos pueden ser alcanzados no sólo mediante un régimen de sanciones, sino también mediante una
serie de restricciones, incompatibilidades, prohibiciones y mecanismos de control que vinculan a los
servidores públicos. Para estos efectos, se considera servidor público a toda persona que presta sus
servicios en los órganos y en los entes de la administración pública, estatal y no estatal, a...