CONSEJO DE ESTADO
Páginas: 9 (2089 palabras)
Publicado: 21 de enero de 2016
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
Subsección C
Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO
Bogotá D. C., octubre diez y nueve (19) de dos mil once (2011)
Radicación: 250002326000199207954 01 (18.082)
Demandante: Anibal Franco Gómez
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Referencia: Contractual
Se hace esta precisión porque la ley procesalestablece que cuando ambas partes apelan una sentencia no opera el principio de la no reformateo in pejus, es decir, que en los asuntos cuestionados se puede decidir en contra de cualquiera de las partes, modificando, sin limitaciones, la decisión de primera instancia. En este sentido, establece el art. 357 del CPC.: “… Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido alrecurso, el superior resolverá sin limitaciones.”
a) El contrato de obra pública No. 105 de octubre 17 de 1989, celebrado entre el IDU y el señor Anibal Franco Gómez, cuyo objeto fue: “… ejecutar a precio unitario las obras necesarias para la construcción de la segunda etapa de la escuela Sierra Morena… de conformidad con los requisitos y especificaciones indicados en los pliegos de condicionesde la licitación, planos y/o especificaciones de construcción y bajo las condiciones estipuladas en este contrato.”
El valor del contrato fue de $33’238.665, que se pagarían así: un anticipo del 30%, y actas mensuales de obra, de las que se descontaría el anticipo –en la misma proporción-; más otra retención del 3% del valor del acta, como garantía adicional por la ejecución del contrato, que sereintegraría al contratista cuando se liquidara el negocio jurídico –Cls. tercera y cuarta, a fl. 64 del cdno. 1-.
También se acordó que el contratista, durante la ejecución, debía asumir el cuidado de la obra, para conservarla y evitar daños –Cl. Segunda-.
b) Está demostrado que el plazo de ejecución del contrato inició el 16 de noviembre de 1989, según consta en el acta inicio firmada por laspartes -fl. 75, cdno. 1-.
No obstante, mediante el acta No. 3, las partes suspendieron el plazo, a partir del 8 de febrero de 1990, es decir, faltando 18 días para el vencimiento. La razón fue la aparición de obras no previstas en el contrato, el robo de cables y problemas sanitarios -fls. 79 a 80, cdno. 1-.
El 19 de febrero, las partes suscribieron el acta de reiniciación del plazo. En estostérminos, las partes acordaron que la fecha de entrega se postergaba para el 26 de febrero -fls. 81 a 82, cdno. 1-.
El contrato fue prorrogado por un mes más, según se expresa en el contrato adicional No. 1 que obra a folio 8 del cuaderno 3-
c) El 12 de marzo, nuevamente las partes suspendieron el plazo –Acta No. 5-, faltando 14 días para el vencimiento, aduciendo que no se habían legalizadolos precios de las obras no previstas en el contrato “… aparecidas por los robos continuados de las instalaciones eléctricas…” –fl. 84, cdno. 1- En esta misma acta se indicó que la “fecha prevista de reiniciación” sería el 16 de abril de 1990.
Mediante diversas comunicaciones, el contratista demostró que le reclamó al IDU el pago de las obras adicionales que ejecutó, tal es caso de las que obran afolios 133 y 135 del cdno. 1.
También está probado, con distintos documentos que obran en el expediente, que el IDU hizo un estudio para determinar si podía reconocerle al contratista las mayores cantidades de obras ejecutada, pero nunca accedió a ese reconocimiento –comunicaciones varias del IDU al contratista, que obran a fls. 175, 179, 186-.
Se encuentra demostrado que parte de los faltantesobedecieron al hurto que los delincuentes habían hecho de parte de las obras de la primera etapa de la construcción, que estuvo a cargo de otro constructor –fls. 200 a 202, cdno. 1-
d) Se aportó la Resolución No. 524 de octubre 17 de 1991, proferida por el IDU, por medio de la cual liquidó unilateralmente el contrato No. 105 de 1989. Allí se da cuenta de la celebración de este, y que su plazo...
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
Subsección C
Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO
Bogotá D. C., octubre diez y nueve (19) de dos mil once (2011)
Radicación: 250002326000199207954 01 (18.082)
Demandante: Anibal Franco Gómez
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Referencia: Contractual
Se hace esta precisión porque la ley procesalestablece que cuando ambas partes apelan una sentencia no opera el principio de la no reformateo in pejus, es decir, que en los asuntos cuestionados se puede decidir en contra de cualquiera de las partes, modificando, sin limitaciones, la decisión de primera instancia. En este sentido, establece el art. 357 del CPC.: “… Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido alrecurso, el superior resolverá sin limitaciones.”
a) El contrato de obra pública No. 105 de octubre 17 de 1989, celebrado entre el IDU y el señor Anibal Franco Gómez, cuyo objeto fue: “… ejecutar a precio unitario las obras necesarias para la construcción de la segunda etapa de la escuela Sierra Morena… de conformidad con los requisitos y especificaciones indicados en los pliegos de condicionesde la licitación, planos y/o especificaciones de construcción y bajo las condiciones estipuladas en este contrato.”
El valor del contrato fue de $33’238.665, que se pagarían así: un anticipo del 30%, y actas mensuales de obra, de las que se descontaría el anticipo –en la misma proporción-; más otra retención del 3% del valor del acta, como garantía adicional por la ejecución del contrato, que sereintegraría al contratista cuando se liquidara el negocio jurídico –Cls. tercera y cuarta, a fl. 64 del cdno. 1-.
También se acordó que el contratista, durante la ejecución, debía asumir el cuidado de la obra, para conservarla y evitar daños –Cl. Segunda-.
b) Está demostrado que el plazo de ejecución del contrato inició el 16 de noviembre de 1989, según consta en el acta inicio firmada por laspartes -fl. 75, cdno. 1-.
No obstante, mediante el acta No. 3, las partes suspendieron el plazo, a partir del 8 de febrero de 1990, es decir, faltando 18 días para el vencimiento. La razón fue la aparición de obras no previstas en el contrato, el robo de cables y problemas sanitarios -fls. 79 a 80, cdno. 1-.
El 19 de febrero, las partes suscribieron el acta de reiniciación del plazo. En estostérminos, las partes acordaron que la fecha de entrega se postergaba para el 26 de febrero -fls. 81 a 82, cdno. 1-.
El contrato fue prorrogado por un mes más, según se expresa en el contrato adicional No. 1 que obra a folio 8 del cuaderno 3-
c) El 12 de marzo, nuevamente las partes suspendieron el plazo –Acta No. 5-, faltando 14 días para el vencimiento, aduciendo que no se habían legalizadolos precios de las obras no previstas en el contrato “… aparecidas por los robos continuados de las instalaciones eléctricas…” –fl. 84, cdno. 1- En esta misma acta se indicó que la “fecha prevista de reiniciación” sería el 16 de abril de 1990.
Mediante diversas comunicaciones, el contratista demostró que le reclamó al IDU el pago de las obras adicionales que ejecutó, tal es caso de las que obran afolios 133 y 135 del cdno. 1.
También está probado, con distintos documentos que obran en el expediente, que el IDU hizo un estudio para determinar si podía reconocerle al contratista las mayores cantidades de obras ejecutada, pero nunca accedió a ese reconocimiento –comunicaciones varias del IDU al contratista, que obran a fls. 175, 179, 186-.
Se encuentra demostrado que parte de los faltantesobedecieron al hurto que los delincuentes habían hecho de parte de las obras de la primera etapa de la construcción, que estuvo a cargo de otro constructor –fls. 200 a 202, cdno. 1-
d) Se aportó la Resolución No. 524 de octubre 17 de 1991, proferida por el IDU, por medio de la cual liquidó unilateralmente el contrato No. 105 de 1989. Allí se da cuenta de la celebración de este, y que su plazo...
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