Constirucional

SEGURIDAD JURIDICA.

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA Y CONFIANZA LEGITIMA EN ASUNTO PENAL-Finalización de trámites iniciados/CONSULTA EN MATERIA PENAL-No resolución vulnera el debido proceso
En materia procesal penal el principio de seguridad jurídica y la confianza legítima en la actividad del Estado imponen el deber del juez de finalizar los trámites y etapas procesales derogados o excluidosdel ordenamiento jurídico, cuandoquiera que estos ya hayan sido iniciados antes de la derogación o eliminación, siempre y cuando estén encaminados a aumentar las garantías respecto de la legalidad del proceso. Tales garantías no se limitan a aquellos recursos de los cuales puedan disponer las partes dentro del proceso, sino que se extienden también a las etapas que operan por mandato de la ley, ya aquellas que puede efectuar de oficio el juez de conocimiento. Por lo tanto, en el presente caso la Sala estima que al inhibirse de dar trámite al grado jurisdiccional de consulta, el tribunal accionado vulneró el principio del debido proceso según el cual “[e]n materia penal, la ley permisiva o favorable ... se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”, pues al no resolver elgrado jurisdiccional de consulta, a pesar de que su trámite ya se había iniciado, restringió su acceso a esta etapa como instrumento que, al preservar la legalidad del proceso, constituye una garantía del derecho fundamental al debido proceso.

SENTENCIA

En el proceso de tutela radicado bajo el número T-560.677, adelantado por William Cely Mendivelso, contra el Tribunal Superior de Distrito deCúcuta –Sala Penal (conjueces)-.
I. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, mediante Auto de marzo 7 de 2002, la Sala Tres de Selección de Tutelas decidió seleccionar el expediente de la referencia para su revisión, correspondiéndole la sustanciación al suscrito magistrado.
1. Solicitud
El señor William CelyMendivelso, solicita que se tutele su derecho fundamental al debido proceso. Específicamente, porque el Tribunal demandado desconoció el principio de favorabilidad de la ley procesal penal en el tiempo, al no dar curso al grado jurisdiccional de consulta en relación con la Sentencia que lo condenó a treinta y ocho (38) años de prisión por el delito de secuestro extorsivo.
2. Hechos
1. El demandante,junto con otros sindicados, fue condenado a treinta y ocho (38) años de prisión por el Juzgado Primero Especializado de Cúcuta mediante Sentencia de octubre 25 de 2000. Todos ellos lo fueron como coautores dentro de un concurso homogéneo.
2. La Sentencia condenatoria no fue apelada por el demandante, pero sí lo fue por parte de otros procesados respecto de quienes se confirmó la condena impuestaen primera instancia.
3. El dieciocho (18) de julio de 2001, la Corte Constitucional declaró inexequibles las disposiciones que regulaban el grado jurisdiccional de consulta en el nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), el cual entraba a regir el 24 del mismo mes y que derogó el Decreto 2700 de 1991, por el cual se había expedido el código anterior.
4. Como consecuencia deltránsito legislativo y de la declaratoria de inexequibilidad de la regulación del grado jurisdiccional de consulta en el nuevo Código de Procedimiento Penal, el tribunal demandado (sala de conjueces) se abstuvo de conocer de la consulta en relación con el demandante y con otro de los procesados.
5. El demandante considera que al adoptar la resolución de abstenerse de conocer la consulta de lasentencia que lo condenó, el tribunal desconoció el principio constitucional de favorabilidad en materia de procedimiento penal.
3. Pretensiones
El actor pretende que se deje sin efectos el numeral segundo de la sentencia proferida por el tribunal accionado, en el cual se inhibió de conocer en grado jurisdiccional de consulta la decisión proferida por el Juzgado Primero Especializado de Cúcuta, en...