Constitucion

La Constitución Política de 1991, en el artículo 1° establece que:“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, ...”.

En el artículo 209 de la Constitución, se dice que:“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla...,mediante la descentralización, ladelegación y la desconcentración de funciones...”.

Interpretando los textos constitucionales, se observa que la Constitución armoniza el Estado unitario con la descentralización, la desconcentración y la delegación. Lo anterior está indicando un centro de impulsión política y gubernamental, lo cual se confirma en los artículos 115 y 189 de la Constitución, al instituir al Presidente de laRepública como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa.Pero se le atribuyeron competencias a las entidades territoriales, por ejemplo el artículo 287 de la Carta expresa:“Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley...”.

El profesor LIBARDO RODRÍGUEZ5 siguiendo los conceptos de GEORGESBURDEAU, dice que el Estado unitario,“...es el que sólo posee un centro de impulsión política y gubernamental. El poder público en la totalidad de sus atributos y funciones cuenta en él con un único titular, que es la persona jurídica Estado. Todos los individuos colocados sobre su soberanía obedecen a una misma y única autoridad, viven bajo el mismo régimen constitucional y están regidos por lasmismas leyes”.





Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquierautoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensajudicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede Contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo,o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.



Desde hace más de un mes la agenda política se ha concentrado en la polémica reforma a la justicia presentada por el Gobierno. La iniciativa, que tanta ampolla ha suscitado entre juristas, académicos y dirigentes, no contempla en su articulado, sin embargo, ni una sola coma sobre la controversiaininterrumpida que desde hace varios años protagonizan las altas cortes por cuenta de la tutela contra sentencias judiciales.

Por eso, se comenta en voz baja en los pasillos del Palacio de Justicia que es inaudita una reforma que no aborda los enfrentamientos causados por la aplicación de tutelas y posteriores desacatos a esos fallos. En ese contexto, desde hace varias semanas, magistrados de lasaltas cortes han ventilado la posibilidad de lanzar una propuesta para regular el mecanismo judicial que acabe de una buena vez con los ‘choques de trenes’.

Son seis los temas que se discuten. El primero es que sí proceden tutelas contra sentencias judiciales, posición que ha mantenido la Corte Constitucional y que ha sido la piedra angular de varios ‘agarrones’ con la Corte Suprema. En ese...