Constitucional

EXPONGA SU OPINION RAZONADA SOBRE LA RECIENTE DECISION DE LA CORTE SUPERIOR EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE DESCONOCE LA OBLIGACION DE ACATAR UNA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, HABIDA CONSIDERACION DE LOS ARTICULOS 19 Y 31 DE LA CONSTITUCION NACIONAL.
A pesar de que Venezuela es Estado Parte de la OEA, ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)el 23 de junio de 1977, y reconoció expresamente las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) el 9 de agosto de 1977 y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 24 de junio de 1981; la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano (SC/TSJ) tiene más de una década intentando retroceder a la concepción estatocéntrica de lasoberanía, del Estado nacional soberano como poder supremo que no reconoce autoridad superior (superiorem non recognocens) y, por ende, no se ve sometido a la obligación jurídica internacional, general y frente a todos (omnium et erga omnes) de respetar los derechos fundamentales de la persona y grupos humanos que se encuentren bajo su jurisdicción.
De allí que valga la pena indagar si con el nacionalismoconstitucional, aquella postura monista que aboga por la superioridad y preferencia del Derecho constitucional frente al Derecho Internacional, o lo que es lo mismo, la pretensión de anclar nuevamente todas las dimensiones de los derechos en los poderes de la norma constitucional y especialmente, en los poderes de su órgano interno de interpretación última, esto es, la Sala Constitucional del TSJy nada más, se desconoce de plano y se viola el –constitucionalizado– Derecho internacional de los derechos humanos.
Por su parte, la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela desde sus normas de apertura (artículos 19, 22, 23, 30 y 31 CRBV), contempla que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional; yprevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por la Constitución y en las leyes de la república, con lo cual se interpretarán y aplicarán de forma que suponga una mayor efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución o en los tratados (efecto útil); que son de aplicación inmediata y directa por lostribunales (incluyendo a la Sala Constitucional del TSJ) y demás órganos del Poder Público (self executing); otorgan el derecho a dirigir peticiones ante los órganos internacionales con el objeto de solicitar protección a los derechos humanos, y a exigir, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley (y a fortiori, en los términos establecidos en la CADH, y según lainterpretación y aplicación de sus órganos competentes), las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales, como es el caso de las sentencias estimatorias de la Corte IDH.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC/TSJ) de la república Bolivariana de Venezuela inició en el año 2000 un proceso de desconocimiento paulatino de lavigencia del Sistema Interamericano de Derechos humanos, por ende, del Derecho internacional de los derechos humanos. En efecto, Venezuela reconoció expresamente las competencias de la Corte IDH el 24 de junio de 1981. De manera tal que la Corte IDH es competente para conocer los casos sobre el Estado venezolano que se le sometan a su consideración, en los términos del artículo 62.3 de la CADH,cumplir y ejecutar en todo las decisiones en las que sea parte y además está obligado a seguir los efectos interpretativos, generales y erga omnes de los fallos de la Corte IDH y las recomendaciones de la CIDH.
La negación del Derecho internacional de los derechos humanos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es un monumental despropósito, que compromete al Estado...