Constitucionalidad

LA CONSTITUCIONALIDAD DEL SOLVE ET REPETE EN EL DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO BOLIVIANO
Sobre la vulneración de las garantías jurisdiccionales y principios tributarios que protegen al contribuyente al impugnar una Resolución Determinativa
La Constitución Política Del Estado puesta en vigencia a partir del 7 de febrero de 2009, es el instrumento por el que hemos entrado a un estado de transiciónque requiere nuevas disposiciones en todos los ámbitos del Derecho; por ser ésta la norma suprema del Estado a la cual ninguna disposición de menor rango la puede contradecir.
En el tema tributario es de especial atención, ya que el ejercicio de la Potestad Tributaria se sujeta a la norma constitucional, que establece los principios de la tributación, que resulta el elemento más importanteque debe tener la norma constitucional, ya que en efecto estos son verdaderos instrumentos en contra de la arbitrariedad de quien detenta el poder, y por ende de las leyes que permiten su aplicación.
El ejercicio de la potestad tributaria del Estado, entendido como esa facultad para establecer crear tributos, condonar el pago de tributos, intereses y sanciones, establecer procedimientojurisdiccionales, NO ES ILIMITADO, ya que el elemento fundamental de la norma constitucional tributaria, es otorgarle garantías al contribuyente, mismos que se constituyen en límites materializados en principios, es evidente entonces la necesidad de analizar y compatibilizar la legislación tributaria y por otro lado, analizar si efectivamente se tomaron en cuenta estos principios, garantíasjurisdiccionales y tratados internacionales, a tiempo de promulgar la Ley Nº 212 que en su Artículo 10, parágrafo II incorpora como inciso 7), al Artículo 228 (requisitos para presentar una demanda) de la Ley N° 1340 de 28 de Mayo de 1992, un límite a los derechos fundamentales y a las garantías de todo contribuyente, que para poder impugnar una Resolución Determinativa que establezca una deuda tributariaigual o superior a 15.000 UFV’s, deba primero pagar para que su demanda se admita y que por no cumplir este requisito se tome por desistida, pagar un monto de dinero que no sabemos si realmente adeuda a la Administración Tributaria.
Al respecto, es importante señalar que esto es un factor que juega en contra de los contribuyentes, en especial del denominado GRACO (grandes contribuyentes), al afectarsu capital de trabajo que para tener rentabilidad, el circulante con el que cuentan debe estar en constante movimiento y al no disponer ese dinero en efectivo por un periodo de tiempo incierto y relativamente prolongado, le causa un grave menoscabo económico y financiero, a la Empresa, de la misma forma es importante resaltar que el sector GRACO hoy es una de las principales fuentes de ingresodel Estado, pero los argumentos mencionados no bastan para determinar la constitucionalidad o no del Artículo 10, parágrafo II de la Ley Nº 212 Ley De Transición Para El Tribunal Supremo De Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo De La Magistratura Y Tribunal Constitucional Plurinacional , sino que debe valorarse antes de promulgar una ley, partiendo de la realidad económica de toda nuestrapoblación, considerándola como una unidad y no seccionarla, priorizando en la aplicación de la normativa tributaria, la jerarquía normativa establecida en nuestra Constitución, dando así preeminencia al bloque de constitucionalidad y a las leyes especiales en materia de Derecho Tributario.
Las reformas tributarias implementadas en Bolivia a partir de la segunda mitad de 1985, fueron diseñadasbásicamente con criterio de eficiencia administrativa y económica, antes que con propósitos redistributivos de mejora social, entonces no se pensó en el contribuyente y menos en su economía.
Efectuando un primer acercamiento a los Principios constitucionales del Derecho Tributario (Art. 323.I C.P.E.P.), en especial el de capacidad económica también conocidos por la doctrina como los Límites al...