Consumidores Libres

AMPARO
Legitimación activa - Usuarios de servicios telefónicos - Defensor del Pueblo - Existencia de lesión o amenaza
(Corte Sup., 07/05/1998- Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria s/ amparo). JA 1998-IV-38.Fallos 321:1352.
Buenos Aires, mayo 7 de 1998.- Considerando: 1. Que contra la sentencia de la sala 5ª de la C. Nac. Cont. Adm. Fed.que, al revocar la de 1ª instancia, desestimó la acción de amparo promovida por la asociación Consumidores Libres Coop. Ltda. de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria, a la cual adhirió el Defensor del Pueblo en los términos del art. 90 inc. 2 CPr. Ver Texto , dedujeron ambos los recursos extraordinarios cuya denegación dio lugar a las quejas sub examine.
2. Que, para así resolver, sostuvoel a quo que la reforma constitucional efectuada en 1994 no produjo innovación alguna en la exigencia de que, para promover en sede judicial la impugnación de una decisión administrativa ilegal, se configure un perjuicio efectivo, lo cual -dicho de otro modo- "umbilicalmente anuda ilegalidad y perjuicio". Añadió el tribunal que el art. 43 CN. Ver Texto apodera para demandar a sujetos distintos delafectado directo, no obstante lo cual la acción judicial sólo procede cuando el acto impugnado, "en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley". Advirtió asimismo el a quo que en modo alguno se ha consagrado una suerte de "acción popular" que desvinculeabsolutamente la ilegalidad del perjuicio y que tampoco la sujeción al principio de legalidad se ha convertido en un derecho subjetivo susceptible de ser articulado ante el Poder Judicial aun cuando el pretensor se halle desvinculado de la relación jurídico material deducida en el proceso.
Desde tal perspectiva, ponderó el a quo que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones fue concebida como un órganoadministrativo en dependencia directa del Poder Ejecutivo Nacional, y que el acto de intervención se inscribe en el ámbito de las relaciones interorgánicas ubicadas, a su vez, dentro de la administración general del país, por lo que la intervención judicial debe ser confinada a supuestos excepcionales en los que la actuación administrativa origina directamente una lesión de derechos y garantíasindividuales. Finalmente, expresó el tribunal que no comprueba que dicha intervención "provoque automáticamente -al margen de su conformidad o discrepancia con la legislación vigente-" una lesión de tal índole, puesto que la protección del usuario no exige que el control sea ejercido por un sujeto cualificado, "sino que la fiscalización sea realmente ejercida". Ello, con la aclaración de que, si seconfiguraran concretamente tales actos lesivos de los derechos de los usuarios de los servicios públicos, "puedan los sujetos legitimados promover las actuaciones pertinentes".
3. Que la actora solicita la descalificación del fallo invocando la existencia de cuestión federal, originada en la interpretación errónea de los arts. 42 Ver Texto y 43 CN., que llevó al tribunal -según la recurrente- aprescindir directamente de su aplicación. También considera arbitraria la decisión en cuanto asigna el carácter de programático al mencionado art. 42 y juzga que no existe perjuicio derivado de la intervención dispuesta en el decreto 702/95 del PEN., decisión que, según estima, afecta severamente los derechos constitucionales de los usuarios de los servicios públicos y configura una cuestión degravedad institucional.
4. Que, por su parte, el Defensor del Pueblo afirma que existe en el caso cuestión federal suficiente, derivada de la violación del debido proceso y del apartamiento de lo dispuesto por el art. 42 CN. Ver Texto en cuanto a la protección de los derechos de los usuarios del servicio telefónico. Asimismo, sostiene la existencia de cuestión federal por haberse pronunciado el...