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DECRETO LEY DE URGENCIA ECONOMICA, CASOS EN QUE PROCEDE LA EXPEDICION DE ESTA CLASE DE DERECHO.

No es una novedad en el derecho constitucional ecuatoriano que el Ejecutivo tenga la atribución de expedir decretos leyes de emergencia en materia económica. Lo preveía ya la Constitución de 1946. En 1983 se incorporó esta prerrogativa a la Constitución entonces vigente; se mantuvo en las reformasde 1998 y consta también en la Carta Política de Montecristi. Si estos son los antecedentes, nos podemos preguntar ¿por qué la inquietud que ha provocado el último proyecto de reforma tributaria convertido en ley por decisión presidencial? Señalemos que el debate sobre los decretos leyes no es reciente, pero vayamos por partes.

Obviamente, lo primero que debería exigirse en estos casos es querealmente exista la urgencia económica. Es la urgencia lo que justifica el trámite rapidísimo que prevé la Constitución que, de no ser observado, habilita al presidente a expedir el decreto ley. Y lo que encontramos en la experiencia histórica ecuatoriana es que, a través de este mecanismo, se han expedido leyes muy variadas, cuya urgencia ha sido, por decir lo menos, discutible. Y lo mismo se puedeafirmar del caso de marras. En las actuales circunstancias del país, la creación de nuevos impuestos o el aumento de sus tarifas ¿corresponden en realidad a una situación urgente? Sí lo sería, por ejemplo, el establecer recursos para una catástrofe u otra emergencia similar que surge de pronto y que no cuenta con recursos para afrontarla.

Ahora bien, aunque se estimara que en este caso sí hubola urgencia económica, la tramitación del proyecto está repleta de inconsistencias y ambigüedades. Señalo algunas. El decreto ley reforma una ley que previamente había sido declarada orgánica. La Constitución advierte que las leyes ordinarias (y el decreto ley parece entrar en esta categoría) no pueden modificar leyes orgánicas.

También la Constitución dice expresamente que los proyectos deley deben "referirse a una sola materia", y también es obvio que en este punto se viene violando sistemáticamente la Constitución.

Tal vez lo más importante: la Constitución señala (art. 301) que solo "mediante ley sancionada por la Asamblea" se podrá establecer o modificar impuestos. ¿Se cumplió tal exigencia, en este caso, en que la Asamblea no tomó decisión alguna sobre el proyecto? ¿Nodebería entenderse la disposición en el sentido de que, en materia de impuestos, es indispensable una aprobación expresa de la Asamblea, aunque esta "sanción" no sea necesaria en otros proyectos de urgencia económica? ¿Es exactamente lo mismo una ley que un decreto ley?

Las ambigüedades continúan. El art. 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (que fue aprobada una vez vigente la actualConstitución) establece que las leyes que creen o modifiquen impuestos se aprobarán mediante "el trámite ordinario previsto en esta ley". Pero ¿cuál es ese trámite ordinario? ¿Habrá un trámite extraordinario para los proyectos de urgencia económica?

Quedan muchas preguntas y las consiguientes dudas sobre los procedimientos que sigue la Asamblea y, por supuesto, sobre la legitimidad de las normasbajo las cuales actúa.

El parlamento de Ecuador aprobó en un segundo debate una normativa económica que beneficiará a alrededor de tres millones de personas.
Se trata de la “Ley orgánica de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario“, que en el Congreso obtuvo 88 votos a favor.
El objetivo de la iniciativa es reconocer, fomentar y fortalecer ese sector económicoy establecer un marco jurídico para quienes lo integran.
La ley instituye el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas u organizaciones, y establece la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento para el buen vivir y el bien común.
El titular de la Comisión de Régimen Económico del Parlamento, Francisco Velasco,...