CONTADOR

Las competencias estatales y autonómicas en materia
de seguridad pública y privada. ¿Se opera algún cambio
con el nuevo Estatuto para Catalunya?
IÑAKI AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA
Catedrático de Derecho administrativo
Universidad del País Vasco

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1. DELIMITACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
1. Aproximación conceptual
La defensa del orden o de la seguridad pública ha sidotradicionalmente el fin
primario del Estado y justifica el monopolio estatal del ejercicio de la coacción legítima.
El bien jurídico de la seguridad se reconoce en la Constitución Española en
diversos preceptos (de forma explícita a la seguridad jurídica en el art. 9.3, a la
seguridad personal en el art. 17.2, a la seguridad ciudadana en el art. 104, a la protección de edificios e instalaciones enel art. 148.1.22, a la seguridad pública en el
art. 149.1.29). Por lo demás, aunque existen invocaciones en la Constitución a
otros tipos de seguridad (como la social en el art. 41), cuando se refiere al orden o
a la seguridad pública se hace en un sentido más restringido y específico, no abarcando toda la actividad de los poderes públicos.
La Constitución impone un contenido sustantivo alorden o seguridad pública,
cuyos rasgos más relevantes pueden concretarse en los siguientes:
a) Se fundamenta en la dignidad de la persona y en la preservación de los
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás (art. 10.1 CE). La
seguridad pública representa más que la protección de un mero orden exterioren la calle y obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que
dificulten el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales, conforme se desprende del art. 9.2 en relación con el art. 104 CE.
b) La seguridad pública no es identificable con la seguridad personal amparada por el art. 17 de la Constitución (STC 325/1994, de 12 de diciembre). No
existe un derecho autónomo a laseguridad personal, sino que la seguridad

RCSP
16/2006

Iñaki Agirreazkuenaga Zigorraga

es el presupuesto del ejercicio de los demás derechos fundamentales. De
ello deriva que la dialéctica entre seguridad y derechos fundamentales sólo
puede resolverse de forma que sea posible su ejercicio en el marco de la
legalidad.
c) Sin perjuicio de lo anterior, el orden y la paz pública sirvenpara delimitar
negativamente el contenido de determinados derechos y libertades fundamentales y puede constituirse en límite a su ejercicio (art. 16 y 21.2 CE), e
igualmente fundamenta los supuestos de suspensión de los derechos y
libertades en los estados excepcionales previstos en el art. 55 CE.

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La seguridad pública puede entenderse como valor o bien jurídico colectivo
constituido porel conjunto de condiciones que permiten el goce pacífico e imperturbado de los derechos y libertades de los ciudadanos y la convivencia ciudadana. E igualmente como la acción de los poderes públicos o el conjunto de potestades de que disponen las instituciones públicas destinadas al mantenimiento o
restauración de dicho bien jurídico. Con este concepto de la seguridad pública se
interrelacionanotros tales como los de policía de seguridad, seguridad ciudadana
y el orden publico.1
1.2. La sustitución de la noción del orden público por la seguridad pública
Sobre la noción de orden público existen dos acepciones diversas:
a) Como conjunto de reglas no juridificadas que la conciencia social dominante en cada momento entiende como condición previa de una convivencia
ordenada.
b) Comoorden jurídico positivizado, identificado con los principios generales
del derecho constitucionalizado, que serviría de límite implícito al ejercicio
legítimo de los derechos fundamentales.
Tradicionalmente la noción de orden público en sentido amplio o metajurídico
ha servido para justificar un ámbito expansivo de intervención administrativa limitadora de derechos y libertades, dependiendo...