Contencioso Administrativo Laboral 2
Páginas: 6 (1268 palabras)
Publicado: 8 de marzo de 2016
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre:
EL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO DEL TRABAJO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
ASUNTO: VP01-N-2009-000001
Ocurre ante este Tribunal, interponiendo recurso contencioso administrativo de nulidad, la sociedad mercantil GENERAL DE ALIMENTOS NISA C.A. (GENICA), representada judicialmente por la abogada YASMIR COLINA OCHOA, contrael acto administrativo contenido en la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE SANTA BÁRBARA DE ZULIA, adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL, dictado en fecha 26 de febrero de 2009, del cual fue notificada el 16 de marzo de 2009, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y cancelación de salarios caídos incoada por losciudadanos LUIS BUENO, DEIVI COLINA, HUMBERTO CARLY, ELY ROLANDO BADILLO, JHONATAN ORTEGA, JOSÉ PARRA, YOMAR FEREIRA, ALEXY SÁNCHEZ, JOSÉ BRICEÑO y YORJI URDANETA.
Realizado el estudio de las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa este Tribunal a pronunciarse sobre la competencia para conocer de la materia que ha sido sometida a su conocimiento, previas las siguientesconsideraciones:
En el presente caso, se intentó un recurso de nulidad de acto administrativo conjuntamente con medida cautelar de suspensión de los efectos del acto, ejercido por la sociedad mercantil GENERAL DE ALIMENTOS NISA C.A. (GENICA), contra la providencia administrativa dictada en fecha 26 de febrero de 2009, por la Inspectoría del Trabajo de Santa Bárbara de Zulia, que declaró con lugar lasolicitud de reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por los ciudadanos identificados supra, en contra de la referida empresa,.
Así pues, debe observarse que la presente acción se trata de un recurso contencioso administrativo de nulidad contra una providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo, respecto a lo cual la competencia judicial para conocer de dichos recursoscontencioso-administrativos de anulación, fue, por mucho tiempo, objeto de un intenso y disputado debate judicial, siendo que los actos emanados de los órganos de la Administración Pública con competencia en materia laboral, constituyen indudables actos administrativos, y que, por ende, conforme a una primera posición, están sujetos al control judicial aplicable sobre tales actos, como se señaló enla sentencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 10 de enero de 1980 (caso Miranda Entidad de Ahorro y Préstamo) y posteriormente, la misma Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de fecha 9 de abril de 1992 (caso Corporación Bamundi, C.A.) afirmó que el conocimiento de las pretensiones de anulación contra losactos de las Inspectorías del Trabajo (entre otros órganos administrativos laborales), debían ser conocidas por los órganos de la jurisdicción laboral, salvo que se tratase de aquellos asuntos expresamente atribuidos por la Ley Orgánica del Trabajo al conocimiento de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, criterio este ratificado luego de la vigencia de la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la sentencia N° 8 del 15 de febrero de 2001.
Ahora bien, posteriormente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la sentencia N° 1.318 del 2 de agosto de 2001 (Caso Teresa Suárez de Hernández) determinó que la competencia para conocer de los recursos de nulidadinterpuesto contra los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, no obstante que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 147 del 29 de enero de 2002, volvió a analizar esta materia, y concluyó que la competencia para conocer y decidir los mencionados...
En su nombre:
EL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO DEL TRABAJO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
ASUNTO: VP01-N-2009-000001
Ocurre ante este Tribunal, interponiendo recurso contencioso administrativo de nulidad, la sociedad mercantil GENERAL DE ALIMENTOS NISA C.A. (GENICA), representada judicialmente por la abogada YASMIR COLINA OCHOA, contrael acto administrativo contenido en la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE SANTA BÁRBARA DE ZULIA, adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL, dictado en fecha 26 de febrero de 2009, del cual fue notificada el 16 de marzo de 2009, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y cancelación de salarios caídos incoada por losciudadanos LUIS BUENO, DEIVI COLINA, HUMBERTO CARLY, ELY ROLANDO BADILLO, JHONATAN ORTEGA, JOSÉ PARRA, YOMAR FEREIRA, ALEXY SÁNCHEZ, JOSÉ BRICEÑO y YORJI URDANETA.
Realizado el estudio de las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa este Tribunal a pronunciarse sobre la competencia para conocer de la materia que ha sido sometida a su conocimiento, previas las siguientesconsideraciones:
En el presente caso, se intentó un recurso de nulidad de acto administrativo conjuntamente con medida cautelar de suspensión de los efectos del acto, ejercido por la sociedad mercantil GENERAL DE ALIMENTOS NISA C.A. (GENICA), contra la providencia administrativa dictada en fecha 26 de febrero de 2009, por la Inspectoría del Trabajo de Santa Bárbara de Zulia, que declaró con lugar lasolicitud de reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por los ciudadanos identificados supra, en contra de la referida empresa,.
Así pues, debe observarse que la presente acción se trata de un recurso contencioso administrativo de nulidad contra una providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo, respecto a lo cual la competencia judicial para conocer de dichos recursoscontencioso-administrativos de anulación, fue, por mucho tiempo, objeto de un intenso y disputado debate judicial, siendo que los actos emanados de los órganos de la Administración Pública con competencia en materia laboral, constituyen indudables actos administrativos, y que, por ende, conforme a una primera posición, están sujetos al control judicial aplicable sobre tales actos, como se señaló enla sentencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 10 de enero de 1980 (caso Miranda Entidad de Ahorro y Préstamo) y posteriormente, la misma Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de fecha 9 de abril de 1992 (caso Corporación Bamundi, C.A.) afirmó que el conocimiento de las pretensiones de anulación contra losactos de las Inspectorías del Trabajo (entre otros órganos administrativos laborales), debían ser conocidas por los órganos de la jurisdicción laboral, salvo que se tratase de aquellos asuntos expresamente atribuidos por la Ley Orgánica del Trabajo al conocimiento de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, criterio este ratificado luego de la vigencia de la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la sentencia N° 8 del 15 de febrero de 2001.
Ahora bien, posteriormente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la sentencia N° 1.318 del 2 de agosto de 2001 (Caso Teresa Suárez de Hernández) determinó que la competencia para conocer de los recursos de nulidadinterpuesto contra los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, no obstante que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 147 del 29 de enero de 2002, volvió a analizar esta materia, y concluyó que la competencia para conocer y decidir los mencionados...
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