Contextualizacion ley 975
Páginas: 12 (2915 palabras)
Publicado: 5 de septiembre de 2010
CONTEXTUALIZACION LEY 795 DE 2005
En su versión final, la ley 975 de 2005 consta de 72 artículos, dispuestos en doce capítulos. No es una norma breve, ni simple. Por el contrario, se trata de un instrumento prolijo y complejo, que combina reglas sustantivas y reglas procesales, modifica numerosos preceptos de la ley penal ordinaria y emplea el discurso de los derechos de las víctimas paraponerlo al servicio de un proyecto de apaciguamiento autoritario, que no de pacificación democrática, de los llamados “grupos armadosorganizados al margen de la ley”.
Esta última denominación se refiere, en teoría, a todos los combatientes irregulares o no estatales
que intervienen hoy en el conflicto armado interno de Colombia: las guerrillas, los paramilitares e
incluso los narcotraficantes uotros delincuentes organizados que puedan llegar a ser tenidos como
opositores armados del Estado colombiano. En la práctica, sin embargo, los destinatarios y beneficiarios de la ley son los paramilitares, pues el actual gobierno ha descartado hasta ahora toda tentativa de conversación o negociación con las guerrillas aún activas: las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y elEjército de Liberación Nacional (ELN).
El capítulo I comprende nueve artículos y se ocupa de los “principios y definiciones”. El artículo 1 establece que la ley tiene por objeto “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando [sic] los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y lareparación”. Aquí se inicia el proceso de simulación con respecto al discurso de los derechos de las víctimas. El artículo 2 dispone que la interpretación y la aplicación de la ley “deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia”, en lo que constituye una de las pocas contradicciones positivas del instrumento. El artículo 4recoge otra de estas contradicciones y desmiente el negacionismo oficial al decir que “el proceso de reconciliación nacional al que dé lugar” la ley deberá promover los derechos de las víctimas y las garantías procesales de los desmovilizables. Y los artículos siguientes presentan la definición de “víctima” y describen sus tres derechos principales en un lenguaje que es, en apariencia, el de NacionesUnidas.
En conjunto, en este primer capítulo se echan de menos referencias explícitas a los acuerdos
colectivos entre gobierno y oposición armada como alternativa practicable, al conflicto armado
interno como contexto obligado y al Derecho Internacional Humanitario como legalidad preferente,
al igual que a la obligación estatal de reparar a las víctimas con independencia de la actuaciónprocesal de los victimarios.
El capítulo II versa sobre “aspectos preliminares” y consta de dos artículos relativos a los requisitos
de elegibilidad para la desmovilización colectiva e individual. En el primer caso, el grupo irregular
debe acreditar su propio desmantelamiento; la entrega de los bienes mal habidos, de los niños
soldados o menores reclutados y de las personas secuestradas; elabandono de la violencia y su desvinculación de origen con el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito (artículo 10).
En este último evento, se exige la llamada “prueba diabólica” o prueba del hecho negativo, que
resulta difícil de cumplir al abrir la propia ley más adelante la posibilidad de amnistiar o indultar a los paramilitares, ya que los tacha de sediciosos, es decir, dedelincuentes políticos. La segunda hipótesis prevista en este capítulo tiene que ver con la elegibilidad para la desmovilización individual, para la cual se exigen mutatis mutandis los mismos requisitos que para la primera (artículo 11).
Los artículos 12 a 15 forman el capítulo III y recogen los “principios procesales” que gobiernan
los juicios de aplicación de la ley: oralidad, celeridad,...
En su versión final, la ley 975 de 2005 consta de 72 artículos, dispuestos en doce capítulos. No es una norma breve, ni simple. Por el contrario, se trata de un instrumento prolijo y complejo, que combina reglas sustantivas y reglas procesales, modifica numerosos preceptos de la ley penal ordinaria y emplea el discurso de los derechos de las víctimas paraponerlo al servicio de un proyecto de apaciguamiento autoritario, que no de pacificación democrática, de los llamados “grupos armadosorganizados al margen de la ley”.
Esta última denominación se refiere, en teoría, a todos los combatientes irregulares o no estatales
que intervienen hoy en el conflicto armado interno de Colombia: las guerrillas, los paramilitares e
incluso los narcotraficantes uotros delincuentes organizados que puedan llegar a ser tenidos como
opositores armados del Estado colombiano. En la práctica, sin embargo, los destinatarios y beneficiarios de la ley son los paramilitares, pues el actual gobierno ha descartado hasta ahora toda tentativa de conversación o negociación con las guerrillas aún activas: las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y elEjército de Liberación Nacional (ELN).
El capítulo I comprende nueve artículos y se ocupa de los “principios y definiciones”. El artículo 1 establece que la ley tiene por objeto “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando [sic] los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y lareparación”. Aquí se inicia el proceso de simulación con respecto al discurso de los derechos de las víctimas. El artículo 2 dispone que la interpretación y la aplicación de la ley “deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia”, en lo que constituye una de las pocas contradicciones positivas del instrumento. El artículo 4recoge otra de estas contradicciones y desmiente el negacionismo oficial al decir que “el proceso de reconciliación nacional al que dé lugar” la ley deberá promover los derechos de las víctimas y las garantías procesales de los desmovilizables. Y los artículos siguientes presentan la definición de “víctima” y describen sus tres derechos principales en un lenguaje que es, en apariencia, el de NacionesUnidas.
En conjunto, en este primer capítulo se echan de menos referencias explícitas a los acuerdos
colectivos entre gobierno y oposición armada como alternativa practicable, al conflicto armado
interno como contexto obligado y al Derecho Internacional Humanitario como legalidad preferente,
al igual que a la obligación estatal de reparar a las víctimas con independencia de la actuaciónprocesal de los victimarios.
El capítulo II versa sobre “aspectos preliminares” y consta de dos artículos relativos a los requisitos
de elegibilidad para la desmovilización colectiva e individual. En el primer caso, el grupo irregular
debe acreditar su propio desmantelamiento; la entrega de los bienes mal habidos, de los niños
soldados o menores reclutados y de las personas secuestradas; elabandono de la violencia y su desvinculación de origen con el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito (artículo 10).
En este último evento, se exige la llamada “prueba diabólica” o prueba del hecho negativo, que
resulta difícil de cumplir al abrir la propia ley más adelante la posibilidad de amnistiar o indultar a los paramilitares, ya que los tacha de sediciosos, es decir, dedelincuentes políticos. La segunda hipótesis prevista en este capítulo tiene que ver con la elegibilidad para la desmovilización individual, para la cual se exigen mutatis mutandis los mismos requisitos que para la primera (artículo 11).
Los artículos 12 a 15 forman el capítulo III y recogen los “principios procesales” que gobiernan
los juicios de aplicación de la ley: oralidad, celeridad,...
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