contraloria de colombia
Páginas: 9 (2190 palabras)
Publicado: 29 de mayo de 2014
23 marzo 2014
¿Qué implica no acatar las medidas cautelares de la CIDH?
RELACIONES INTERNACIONALESSemana.com consultó con expertos sobre el panorama al que se enfrenta el país ante la Comisión tras el ‘caso Petro’.
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23 marzo 2014
¿Qué implica no acatar las medidas cautelares de la CIDH?
RELACIONES INTERNACIONALESSemana.com consultó con expertos sobre elpanorama al que se enfrenta el país ante la Comisión tras el ‘caso Petro’.
¿Qué implica no acatar las medidas cautelares de la CIDH?.
Foto: Semana.
La ratificación de la inhabilidad y la revocatoria del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro por parte del candidato-presidente, Juan Manuel Santos, sacudió el escenario político en Colombia. Incluso las funciones constitucionales de la Procuraduría Generalde la Nación han sido cuestionadas al punto que el mismo presidente planteó en un momento retirarle la facultad al procurador de destituir a funcionarios electos por voto popular.
El 19 de marzo, Santos y la canciller María Ángela Holguín anunciaron que Colombia no acataría las medidas cautelares emitidas la noche anterior por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pidenproteger a Petro con el fin de impedir su destitución e inhabilidad, debido a que “las decisiones de la CIDH son recomendaciones, pero no de obligatorio cumplimiento”, dijeron Santos y Holguín en rueda de prensa.
Pero, ¿cuáles son las consecuencias de no acatar el fallo de una instancia internacional?
Los analistas no se ponen por completo de acuerdo. La politóloga e internacionalista AndreaCarreño asegura que el acatamiento de las recomendaciones de la CIDH pondría en tela de juicio el ordenamiento interno colombiano. “El tribunal es complementario a nuestra legislación. La justicia colombiana es operante y ya se ha pronunciado sobre el tema. Por ello, una intervención alterna no es necesaria”, dice.
Sin embargo, según la politóloga y analista internacional Laura Gil, se debenreformar las funciones de la Procuraduría y las recomendaciones de la CIDH llaman a hacerlo.
Gil advierte que, una vez el caso se remita de la CIDH a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicha institución podría condenar a Colombia a pagar “una indemnización al exalcalde” o “determinar que algunas de las funciones de la Procuraduría son una violación de sus facultades”.
Con respecto a sicree que el no acatamiento de las medidas cautelares se debe a razones políticas, Gil señala: “Sin duda. [El Gobierno] sabe perfectamente que debe acatar ese fallo. El mismo presidente lo dijo en La W. Esperan que [la decisión] no les pase cuenta de cobro, pero lo más probable es que pase lo que pasó con La Haya, que terminó con dos demandas y podríamos perder más mar porque Nicaragua ya nos estácobrando”.
Pero según Carreño, dicha decisión, aunque es política –como cualquier decisión que Santos tome por su condición de presidente y candidato–, también es legal ya que cumple con la Constitución.
“El único fue Correa”
El Consejo de Estado arguyó que al exalcalde aún le queda un recurso en el país para debatir las sentencias hasta ahora emitidas en su contra: una demandaadministrativa de acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, para Carreño, “es poco probable que le sirva, pues el fallo de la Procuraduría está enmarcado en la Constitución y es su deber de control disciplinario”.
Agrega, además, que “[Petro] tendría que comprobar que su destitución fue motivada por su filiación política, como lo ha querido hacer ver en sus discursos incendiarios,pero en realidad no cuenta con pruebas”.
Otro argumento del Gobierno Santos para apoyar su decisión es que los derechos políticos no son Derechos Humanos. Pero contrario a lo afirmado por la canciller, Gil asegura que sí lo son.
“Que [Holguín] se lea el artículo 40 de la Constitución", recalca. “Una vez más, ponen demandas de política interna por delante del Derecho Internacional y tratan...
23 marzo 2014
¿Qué implica no acatar las medidas cautelares de la CIDH?
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¿Qué implica no acatar las medidas cautelares de la CIDH?.
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La ratificación de la inhabilidad y la revocatoria del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro por parte del candidato-presidente, Juan Manuel Santos, sacudió el escenario político en Colombia. Incluso las funciones constitucionales de la Procuraduría Generalde la Nación han sido cuestionadas al punto que el mismo presidente planteó en un momento retirarle la facultad al procurador de destituir a funcionarios electos por voto popular.
El 19 de marzo, Santos y la canciller María Ángela Holguín anunciaron que Colombia no acataría las medidas cautelares emitidas la noche anterior por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pidenproteger a Petro con el fin de impedir su destitución e inhabilidad, debido a que “las decisiones de la CIDH son recomendaciones, pero no de obligatorio cumplimiento”, dijeron Santos y Holguín en rueda de prensa.
Pero, ¿cuáles son las consecuencias de no acatar el fallo de una instancia internacional?
Los analistas no se ponen por completo de acuerdo. La politóloga e internacionalista AndreaCarreño asegura que el acatamiento de las recomendaciones de la CIDH pondría en tela de juicio el ordenamiento interno colombiano. “El tribunal es complementario a nuestra legislación. La justicia colombiana es operante y ya se ha pronunciado sobre el tema. Por ello, una intervención alterna no es necesaria”, dice.
Sin embargo, según la politóloga y analista internacional Laura Gil, se debenreformar las funciones de la Procuraduría y las recomendaciones de la CIDH llaman a hacerlo.
Gil advierte que, una vez el caso se remita de la CIDH a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicha institución podría condenar a Colombia a pagar “una indemnización al exalcalde” o “determinar que algunas de las funciones de la Procuraduría son una violación de sus facultades”.
Con respecto a sicree que el no acatamiento de las medidas cautelares se debe a razones políticas, Gil señala: “Sin duda. [El Gobierno] sabe perfectamente que debe acatar ese fallo. El mismo presidente lo dijo en La W. Esperan que [la decisión] no les pase cuenta de cobro, pero lo más probable es que pase lo que pasó con La Haya, que terminó con dos demandas y podríamos perder más mar porque Nicaragua ya nos estácobrando”.
Pero según Carreño, dicha decisión, aunque es política –como cualquier decisión que Santos tome por su condición de presidente y candidato–, también es legal ya que cumple con la Constitución.
“El único fue Correa”
El Consejo de Estado arguyó que al exalcalde aún le queda un recurso en el país para debatir las sentencias hasta ahora emitidas en su contra: una demandaadministrativa de acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, para Carreño, “es poco probable que le sirva, pues el fallo de la Procuraduría está enmarcado en la Constitución y es su deber de control disciplinario”.
Agrega, además, que “[Petro] tendría que comprobar que su destitución fue motivada por su filiación política, como lo ha querido hacer ver en sus discursos incendiarios,pero en realidad no cuenta con pruebas”.
Otro argumento del Gobierno Santos para apoyar su decisión es que los derechos políticos no son Derechos Humanos. Pero contrario a lo afirmado por la canciller, Gil asegura que sí lo son.
“Que [Holguín] se lea el artículo 40 de la Constitución", recalca. “Una vez más, ponen demandas de política interna por delante del Derecho Internacional y tratan...
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