contrato de prestacion de servicios

COLOMBIA FRENTE A LA EUTANASIA

En el año de 1997, el ciudadano José Eurípides Parra, ejerciendo la
acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 de la
ConstituciónPolítica, demandó el Artículo 326 del Código Penal, por considerar
que violaba disposiciones fundamentales de la Constitución (entre ellas las que
consagran y protegen el derecho a la vida), argumentandoque el rol principal
del Estado Social de Derecho es garantizar la vida de las personas,
protegiéndolas de manera muy especial cuando se encuentran en estado de
vulnerabilidad o peligro (comosería el caso de las personas enfermas), motivo
por el cual -en su opinión- al tener vigencia una norma que permite la
disposición de la vida de un tercero, con una pena mínima, se estaría
vulnerandoel derecho a la igualdad, favoreciendo con una pena inferior al la
normal a quien acaba con la vida, precisamente, de un ser indefenso.
El demandante considera que quien tiene deficiencias en susalud tiene
derecho a la vida y que permitir que se le suprima, aun con una motivación
altruista, representa una discriminación inaceptable, una apreciación relativa
del valor de la vida humana yuna figura despreciable que tolera liberarse de la
carga social que representan las personas enfermas.

Con base en tal cuestionamiento, la Corte Constitucional procedió a
estudiar el tema,declarando que no solo era constitucional el artículo
cuestionado, sino que en el evento en que se tratare de pacientes terminales
que soliciten libre y voluntariamente a un médico su intervenciónefectiva para
terminar su vida, que resulta insoportable por el dolor de una enfermedad en
estado terminal, no podrá derivarse responsabilidad alguna para el médico
autor, pues su conducta estajustificada.
En opinión de la Corte Constitucional, “los derechos fundamentales, no
obstante su consagración constitucional y su importancia, no son absolutos”,
por lo tanto, tampoco lo es el deber de...