contratos

Al respecto del proceso de licitación la entidad contratante, mediante acto administrativo motivado de carácter general dará apertura al proceso de licitación para lo cual debe contar con una serie de documentos y de autorizaciones previas que permitan evidenciar la planeación de la entidad y una ritualidad propia de los procesos de selección contractual, además de haberles dado adecuadapublicidad ante las diferentes páginas web estandarizadas para dichos temas. Esto en virtud a lo establecido por el artículo 2.2.2 del Decreto 734 de 2012.
De igual forma, el parágrafo 2 del mismo artículo reza: ¨En el evento en que ocurra o se presente durante el desarrollo del proceso de selección alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, o normalegal que lo modifique, adicione o sustituya, la entidad revocará el acto administrativo que ordenó la apertura del proceso de selección hasta antes de la fecha y hora prevista para la adjudicación del contrato. Lo anterior sin perjuicio del ejercicio de la facultad a que se refiere el artículo 49 de la Ley 80 de 1993¨.
Y en norma anterior del mismo estatuto dispone en su Artículo 2.1.1.Estudios y documentos previos
¨Parágrafo 2°. El contenido de los estudios y documentos previos podrá ser ajustado por la entidad con posterioridad a la apertura del proceso de selección. En caso que la modificación de los elementos mínimos señalados en el presente artículo implique cambios fundamentales en los mismos, la entidad, con fundamento en el numeral 2 del artículo 69 del Código ContenciosoAdministrativo, o norma legal que lo modifique, adicione o sustituya, y en aras de proteger el interés público o social, podrá revocar el acto administrativo de apertura¨.
Al caso específico, la entidad procedió a adelantar un proceso licitatorio previa planeación presupuestal y precontractual de determinado proyecto como lo es la pavimentación de determinada vía en tres tramos, el problema surgecuando a puertas de la evaluación de las ofertas se llega a conocimiento de la entidad que el tercer tramo del contrato a adjudicar ya está siendo ejecutado por otro contratista, lo cual a la luz de múltiples principios de la función pública y de la misma contratación estatal desborda los criterios de conveniencia, oportunidad y de contrariedad al interés público pese, a que desde su inicio suponemosconto con una respectiva planeación y visos de eficacia y de una adecuada prestación de los fines estatales muto en una situación que vulnera la moralidad administrativa y que en caso que la Administración no ejerza su facultad de autocontrol a través de la facultad de revocatoria de los actos administrativos del acto administrativo de apertura del proceso, se terminaría adjudicando un contratocuyos efectos jurídicos y económicos serian demasiado gravosos tanto para la administración, como para quien porta la calidad en la adjudicación de dicho acto jurídico sin mencionar el menoscabo económico para la entidad y la falta de evidencia ion de la ejecución de una obra ya ejecutada en cabeza del contratista adjudicado (doble contratación).
La administración pública a través de sus entidadesde orden nacional y territorial tiene la facultad constitucional y legal de ejercer la potestad de autocontrol sobre sus propias actuaciones, sustrayendo del ordenamiento jurídico sus propios actos administrativos en caso de que sean ilegales, inconvenientes e ilegítimos.
Sobre la potestad de la revocatoria directa la Corte Constitucional ha manifestado que una de las características propiasdel acto administrativo es su revocabilidad, la cual se traduce en la potestad de la administración de revisar y volver a decidir sobre las cuestiones o asuntos sobre los cuales ha adoptado una decisión invocando razones de legalidad o legitimidad con miras a asegurar el principio de legalidad, oportunidad, merito o conveniencia de la medida que garanticen la satisfacción y prevalencia del interés...