Contratos

En efecto, por solicitud de la Femospp, el 16 de agosto de 2005 el juez segundo de distrito, con sede en Acapulco, dictó orden de aprehensión en contra del general Quiroz Hermosillo, pero a causa delfuero militar, que en contra de las obligaciones internacionales del Estado mexicano, indebidamente protege a los miembros de las fuerzas armadas que violan gravemente los derechos humanos en actosde servicio, dicho juez en esa misma resolución se declaró incompetente para iniciar un proceso, y remitió el expediente al juez en turno de la primera zona militar, en el Campo Militar Número 1, de laciudad de México. Ante tal situación, Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo, decidió ampararse para que el caso fuera ventilado en los tribunales civiles, pero como nuestra defectuosa ley de amparono reconoce el interés legítimo de los familiares de las víctimas para la determinación de sus derechos y obligaciones, ni conforme a lo estipulado en el artículo 8 de la Convención Americana sobreDerechos Humanos les garantiza a las víctimas u ofendidos el acceso a “un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”, después de varios procesos legales un tribunal de Guerrero ratificó enoctubre de 2005 la impropia jurisdicción del juez militar. Fue por todo esto que desde 2001 la CMDPDH y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en México (AFADEM) decidieron, junto conlos familiares de Rosendo Radilla Pacheco, presentar la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual admitió el caso en 2005. Después de varios procedimientos, lacomisión presentó en marzo de 2008 una demanda en contra del Estado mexicano ante la Corte.

Esta representa para el señor Radilla y cientos de otras víctimas de desapariciones forzadas la única vía parahallar la justicia que México por acciones u omisiones reiteradamente les han negado. Acciones como esta sientan también un precedente sobre el tipo de comportamiento que se espera de las fuerzas...