Contravenciones Policiales

Contravenciones policiales en Tucumán. Su inconstitucionalidad. Fallo “Núñez” (CSJN).-









Lorenzo Pisarello, Matías
Abogado
Miembro del Equipo de Seguridad y Derechos Humanos de
ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales).-
















Introducción.

A modo de breve introducción, quiero resaltarque el análisis que se desarrollará a continuación tiene como eje principal el trabajo producido desde el año 2003 hasta a la actualidad por ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) desde su eje temático: “Seguridad y Derechos Humanos”.-
En materia de seguridad ciudadana el poder estatal tiene límites claros: su actuación se encuentracondicionada principalmente por el respeto a los derechos fundamentales de los individuos y a la observación rigurosa de los procedimientos conforme a Derecho[1].-
La seguridad de las personas es en sí misma, una de las garantías con la que cuenta todo individuo y nunca puede ser pensada como un límite a tales garantías. Ninguna política pública de seguridad puede basarse en la negación de lasgarantías que tiene todo ciudadano. Tampoco creer que las mismas constituyen un obstáculo para obtener seguridad. Estos obstáculos hay que encontrarlos en la estructura misma de las instituciones de seguridad, especialmente en la burocratización y falta de profesionalización de las mismas[2].-
El respeto a los derechos humanos es una condición de eficiencia de toda política de seguridad yno un obstáculo para alcanzar sus objetivos. Seguridad e inseguridad urbanas se comprenden y explican a través del significado y las consecuencias que los procesos de exclusión y segregación social traen aparejados.-
Existe una responsabilidad política y social de actuar sobre la complejidad y es, en este marco, que no podemos dejar de advertir que el delito emerge de un contexto definidopor las características de la convivencia social y por la relación de los ciudadanos con las instituciones, en particular con aquellas como la policía y la justicia, que pueden ser promotoras de procesos de ilegalidad y de violencia[3].-
No puede diseñarse una política de seguridad ciudadana sino en consonancia con políticas públicas de orden social que inserten a los sectores mas excluidos.Estos no sólo son pasibles de sufrir un delito, como todas las personas sin importar su estrato social, sino también es a costa de estos grupos marginados que se “intenta” satisfacer la demanda de seguridad de determinados sectores más pudientes, muchas veces vulnerando o restringiendo los derechos y garantías de los primeros. Es decir que mientras la inseguridad afecta a la sociedad en suconjunto, la sufren en forma particularmente grave, los sectores de menores recursos y colectivos de personas directamente perseguidos por sus elecciones y forma de vida. Por ello hay que buscar políticas de seguridad inclusivas que protejan a los diversos actores y no sólo un determinado grupo social. Mucho menos que promuevan la seguridad de un determinado grupo a costa de los derechos de los demásciudadanos.-
Para diseñar políticas que operen contra el delito y que no produzcan mayor exclusión, es necesario contemplar acciones que extiendan la ciudadanía como una poderosa herramienta integradora[4].-
La seguridad pública debe construirse inicialmente de otra forma, en torno a diferentes conceptos, principios y políticas integrales e integradoras que consoliden una verdadera“Seguridad Ciudadana”.-
La seguridad ciudadana involucra así problemas básicos de la relación entre ciudadanos, entre éstos y las instituciones y entre las instituciones entre sí. El desafío radica entonces en desarrollar políticas de seguridad, necesariamente articuladas con otras políticas públicas cuya dinámica promueva mayores niveles de integración social.-
Desde esta línea, la...