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EL DECRETO LEGISLATIVO 667
El decreto legislativo 667, ley del Registro de Predios Rurales, creó el Registro de Predios Rurales en el ámbito nacional. Con su aplicación, se permitía al particular que «esté poseyendo y explotando económicamente un predio rural de propiedad de particulares en forma directa, continua, pacífica, pública y como propietario, por un plazo mayor de 5 años» solicitar lainscripción de su derecho de posesión en el Registro Predial. De no presentarse oposición, dicha inscripción se convertía automáticamente en inscripción de propiedad. De esta forma, aunque el Registro de Predios Rurales no titulaba sino simplemente inscribía, con este mecanismo se lograría la inscripción de la propiedad de los agricultores.
El procedimiento para la inscripción de predios ruralesse iniciaba con el reconocimiento del derecho de posesión, razón por la cual la norma diferenciaba dos situaciones: la posesión de predios rurales de propiedad del Estado y la posesión de predios rurales de propiedad de particulares. Respecto de los últimos, el trámite a seguir para inscribir la posesión en este Registro significó la transformación del trámite judicial de prescripción adquisitivade dominio en uno de naturaleza registral (o administrativo). Solo en caso de presentarse la oposición de alguna persona interesada, dicho trámite derivaría en la vía judicial.
Adicionalmente a los requisitos comunes a la prescripción adquisitiva de dominio regulada en el Código Civil (posesión continua, pacífica, pública y como propietario), el decreto legislativo 667 enfatizaba la probanza dela posesión y la explotación económica para lograr la inscripción de la posesión. Respecto de la posesión, siguiendo la pauta establecida desde la ley de reforma agraria, la ley del Registro de Predios Rurales solo exigía la probanza de posesión de más de 5 años, independientemente de la buena fe, lo que constituye una importante diferencia con el Código Civil peruano.
En esta norma se definía alpredio rural como aquella porción de tierra ubicada en un área rural o en un área de expansión urbana declarada zona intangible, dedicada a uso agrícola, pecuario o forestal. Se consideraba también como predio rural a los terrenos eriazos calificados para fines agrícolas.
Debemos resaltar, además, que el decreto legislativo 667 consideraba como explotación económica las actividades vinculadasdirectamente a la ganadería y agricultura. Por esta razón, esta norma no debería haber sido aplicada en suelos cuya capacidad es forestal o de protección, porque se podía generar un cambio de uso, más aún cuando este procedimiento debía ser ejecutado en concordancia con el decreto supremo 037-99-AG, que establecía que en procedimientos de adjudicación de tierras rústicas y eriazas ubicadas en zonasde selva y ceja de selva, se debía solicitar la opinión del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA).
Este decreto supremo tuvo como base lo establecido en el artículo 1 de la ley forestal y de fauna silvestre, decreto ley 21147 (norma vigente en ese momento y actualmente derogada), que determinaba que los recursos forestales eran de dominio público y que no hay derechos adquiridos sobreellos. Precisaba además que las tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal, no podrían ser utilizadas con fines agropecuarios, cualquiera fuera su ubicación en el territorio nacional.
Por su lado, la ley 27308, ley forestal y de fauna silvestre, que fuera derogada por el decreto legislativo 1090 y restituida su vigencia mediante las leyes 29376 y 29382, establece que los recursos forestalesy de fauna silvestre mantenidos en su fuente, y las tierras del Estado cuya capacidad de uso mayor es forestal, con bosques o sin ellos, integran el patrimonio forestal nacional. No pueden ser utilizados con fines agropecuarios u otras actividades que afecten la cobertura vegetal, el uso sostenible y la conservación del recurso forestal, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional,...