controversia

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 20/2012, promovida por la Procuradora General de la República, así como los Votos Particular y Concurrentes formulados por los Ministros José Fernando Franco González Salas, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, respectivamente.
Almargen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 20/2012.
PROMOVENTE: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
HIZO SUYO EL ASUNTO: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES.
MINISTRO PONENTE:
ALBERTO PÉREZ DAYÁN.
SECRETARIA:
GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.
México,Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de julio de dos mil trece.
VISTOS, y
RESULTANDO:
PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el treinta de enero de dos mil doce, en la Oficina de Certificación y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marisela Morales Ibáñez, en su carácter de ProcuradoraGeneral de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 63, apartado A, fracción I, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, emitido y promulgado respectivamente por el Congreso y el Gobernador ambos del Estado de Baja California Sur.
SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptosde invalidez. La promovente señaló como preceptos violados los artículos 1o., párrafo quinto, en relación con el 32, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expuso los conceptos de invalidez en los que sucintamente, expresó lo siguiente:
1o. Violación al artículo 1o., párrafo quinto, en relación con el numeral 32, párrafo segundo,ambos de la Constitución Política de los Estados .Unidos Mexicanos.
El precepto impugnado establece los requisitos de ingreso y permanencia en el Servicio Profesional de Carrera de las instituciones policiales y de las de procuración de justicia, señalando, entre otras cuestiones, que únicamente podrán ingresar en él, los mexicanos por nacimiento.
Esto es contrario a los principios de igualdady no discriminación contenidos en el artículo 1o. constitucional, porque como lo ha establecido la Suprema Corte en diversos precedentes, el legislador podrá establecer clasificaciones o distinciones entre grupos o individuos, a fin de alcanzar un objetivo constitucionalmente válido; empero de no satisfacerse ese objetivo, entonces, y sólo con esa medida, sí podría constituirse en una exigenciaarbitraria, que coloque a los mexicanos por naturalización en una situación de discriminación respecto de los mexicanos por nacimiento, concretamente, una discriminación de origen nacional, prohibida por el indicado precepto constitucional.
Además, el Congreso del Estado de Baja California Sur al señalar en el artículo que se combate la limitante de que sólo los mexicanos por nacimiento podránocupar los cargos de las instituciones policiales y de procuración de justicia (policías estatales, municipales, ministeriales, custodios, ministerios públicos y peritos), violenta el artículo 1o., en relación con el numeral 32, ambos de la Carta Magna, al establecer una distinción discriminatoria, motivada por el origen nacional, respecto de los mexicanos por naturalización.
2o. Violación a losartículos 16 y 133 de la Constitución Federal.
Aduce la promovente que el numeral 16 constitucional, establece que los actos legislativos también están sujetos al mandamiento de fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, en el caso, la norma impugnada al restringir el acceso de los mexicanos por naturalización al Servicio Profesional de Carrera de las instituciones policiacas y de...