Corte Suprema limita blindaje a los diputados

Corte Suprema limita blindaje a los diputados
 El artículo 491-A de la Ley 55 de 2012 fijaba un plazo de dos meses para investigar a los miembros de la Asamblea Nacional y del Parlacen.
Con la sentencia, aprobada por unanimidad, se reactiva el proceso al expresidente Martinelli por la compra de comida deshidratada.
En una votación unánime, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaróayer inconstitucional el artículo 491-A de la Ley 55 de 2012 (ley blindaje), que otorgaba un plazo de dos meses para investigar a los diputados (principales y suplentes) de la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
La ponencia del fallo estuvo a cargo del magistrado Hernán De León, quien examinó tres advertencias de inconstitucionalidad contra ese artículo que habían sidoacumuladas.
Con el fallo, la CSJ podrá reanudar la investigación al expresidente y diputado del Parlacen Ricardo Martinelli por supuestas anomalías en la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional, que estaba suspendida desde el 2 de julio pasado, cuando el magistrado Oydén Ortega, fiscal del caso, demandó la inconstitucionalidad del citado artículo.
Las otras dos demandasde inconstitucionalidad contra el artículo 491-A datan de 2013 y fueron interpuestas por el abogado Carlos Rubio.
Annette Planells, del Movimiento Independiente, opinó que el fallo es un avance en la lucha contra la impunidad, aunque ahora la Corte debe revisar los artículos sobre la prueba sumaria, que es otro blindaje a los diputados.

‘AVANCE CONTRA LA IMPUNIDAD’
Organizaciones y dirigentesde la sociedad civil avalaron el fallo emitido ayer por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el artículo 491-A de la Ley 55 de 2012 (ley blindaje) y opinaron que la decisión permitirá que los diputados sean investigados en un plazo similar al resto de los ciudadanos.
El artículo en referencia establecía un plazo de dos meses para investigar a los diputados principalesy suplentes de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, consideró que la CSJ ha sido cónsona con el equilibrio constitucional, que establece que la ley es igual para todos.
Apuntó que indistintamente de la prerrogativa de quién investiga a los diputados, el término de instrucción tendrá que serigual al que se establece para todos los ciudadanos y que es de hasta seis meses.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, consideró que el fallo va acorde con lo que esperaba la población.
“Creo que la presión ciudadana y particularmente la insistencia del Ejecutivo presionó para que finalmente decidieran lo que todo el mundo estaba esperando en cuanto a la inconstitucionalidad de estaley, que era evidente que creaba privilegios para la clase política”, dijo.
Explicó que al declararse la inconstitucionalidad del artículo se debe entender que los términos que estaban contemplados ahí quedan suspendidos y se tendrán que aplicar los que aparecen en el Código Procesal Penal, de seis meses.
La decisión amplía el período de investigación y lo pone a la par de todos los ciudadanospanameños, recalcó.
A su vez, Annette Planells, del Movimiento Independiente, calificó de correcto el fallo que elimina el fuero del que gozaban los diputados, aunque aclaró que es apenas un avance contra la impunidad.
La CSJ “demoró en declarar lo que era obvio desde hace mucho tiempo, que ese [artículo] era un privilegio a favor de los diputados y la Constitución establece que no hay fueros niprivilegios”, declaró el exmagistrado Edgardo Molino Mola.
“A estos señores [los diputados] si la investigación no se les realizaba en dos meses, prescribía la acción”, recordó Molino Mola al evaluar el fallo.
El abogado Carlos Rubio, quien interpuso dos de las tres demandas de inconstitucionalidad, indicó que el fallo “es la victoria del respeto a la Constitución por encima del régimen de impunidad...