Craig Garry

SOCIEDAD ANONIMA. Asambleas. Nulidad. Suspensión provisoria de la ejecución de las
decisiones sociales. Requisitos. Interpretación del artículo 252 de la ley 19550. Aprobación de los
estados contables. Procedencia de su suspensión.
1. Las atribuciones judiciales para decretar la suspensión de una asamblea cuestionada se condicionan,
básicamente a la (i) petición del sujeto legitimado al efecto,(ii) existencia de motivos graves y, (iii)
a la inexistencia de perjuicios para terceros.
2. Un significativo cúmulo de precedentes judiciales, ha requerido también en orden a autorizar la
procedencia de medidas cautelares innovativas, la configuración de un cuarto requisito -amén de la
verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la contracautela - cual es la posibilidad
de que seconsume un daño irreparable.
3. La consideración del periculum in mora implícitamente previsto en el artículo 230 inciso 2° del Código
Procesal cubre con sobrada amplitud la extensa gama de daños involucrados en el otorgamiento de
la medida.
4. Si bien debe reconocerse la existencia de disenso acerca del alcance que debe darse a la expresión
motivos graves, que refiere el artículo 252 de la ley19550, cualquiera que sea la posición que se adopte
sobre este aspecto, parece claro que -en los límites estrechos en que la cuestión puede actualmente
juzgarse- la facultad que el ordenamiento societario confiere al juez para decidir la suspensión de los
acuerdos sociales impugnados persigue una doble finalidad de protección: (i) conjurar el eventual
perjuicio individual -que en el caso,ciertamente, ha sido invocado- y (ii) evitar la consumación de
actos lesivos del interés social.
5. A la ley 19550 no escapa la posibilidad de que mantener una decisión asamblearia en estado de
latencia pueda implicar perjuicio para el ente cuya voluntad se formó en la reunión de socios; antes
bien, para conjurar tal estado de situación, impone la prestación de contracautela por los eventuales
daños que lamedida pueda causar a la sociedad. Se entroncan de esta manera, a la luz de la
interpretación sugerida, las esferas en que el precepto proyecta efectos: el socio impugnante, la
sociedad y los terceros, y en esta situación, con observancia de los intereses comprometidos, debe
procederse con extrema prudencia.
6. En la consideración de las medidas cayrelares no cabe exigir de los magistrados unexamen de
certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino tan sólo de su verosimilitud. Es más, el
juicio de verdad se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que
atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su
virtualidad. De allí que se haya entendido cumplido el fumus bonis iuris, con la sola percepcióndel
incipiente derecho que se invoca y una exigencia mayor implicaría pretender del accionante la
demostración – anticipada según la secuencia procesal y, por lo tanto, irrazonable - de la existencia
incontrastable de su derecho, lo cual desvirtuaría el instituto en cuestión, cuya ra zón de ser consiste
en precaver el derecho que aún es dudoso e incierto.
7. Los estados contables - en sentidogeneral y abarcativo - tienen una importancia relevante, siendo el
motor de un cúmulo de decisiones, cuya virtualidad no necesariamente se agota con la mera toma
de conocimiento del estado financiero y patrimonial de la sociedad. A modo de ejemplo, los
dividendos sólo pueden aprobarse y distribuirse cuando resulten de ganancias realizadas y líquidas,
producto de un balance confeccionado regularmente,de acuerdo a la ley y al estatuto (arts. 68 y
224, 1° parte, Ley Sociedades).
8. Sobre los estados contables los socios, administradores e incluso terceros, toman decisiones
posteriores a su aprobación, que no podrían asumirse de no mediar aquella. Desde este vértice,
entonces, parece pasible de ser objeto de suspensión en los términos del art. 252 de la ley 19550,
máxime cuando la norma no...