crimen

El caso de Inés Fernández Ortega representa, para la sociedad mexicana y para este grupo
de estudiantes, por un sinfín de motivos, una causa propia. El interés de ir a juicio y de
esperar un falloen el que se condene (nuevamente) a los Estados Unidos Mexicanos (en
adelante “México” o “el Estado”) por la violación a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante “la Convención”)y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos2 es tan relevante para Inés y su familia como para la sociedad mexicana en su
conjunto. Nos atrevemos a sostener el interés generalizado enesta causa porque sabemos
que no es sólo el caso de una mujer tlapaneca violada por miembros del ejército, sino la
reiterada violación de los derechos humanos que protegen la integridad, libertadpersonal y
dignidad de las mujeres por parte de agentes estatales. Es también una violación en el
acceso a la justicia de las mujeres indígenas y, en general, un contexto de violencia basado
en elgénero y ciertas prácticas discriminatorias a minorías étnicas que se insertan en
nuestra realidad nacional y que están intrínsecamente ligadas a este contexto3. En el mismo
sentido, las prácticas yconducciones irregulares en las investigaciones de violaciones de los
derechos humanos4, sobre todo en aquellos casos en que intervienen miembros del ejército,
no permiten que se logre la justicia ennuestro fuero interno.
El simple hecho de no emprender acciones definitivas que garanticen que los responsables
por la violación de mujeres indígenas sean enjuiciados, únicamente revela que elgobierno del
Estado mexicano incumple de manera sistemática las múltiples obligaciones internacionales
contraídas a través de la ratificación de tratados internacionales y regionales que tienen que
vercon garantías judiciales, derechos humanos y en especial normas internacionales referidas
de manera expresa a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. De acuerdo
con el reporte...